El último, o penúltimo, desafío del gobierno golpista de Cataluña ha sido desobedecer las medidas aprobadas en julio pasado por el Gobierno y que tenían como objetivo que la Generalidad no gastara ni un euro público en la celebración del referéndum ilegal y todas las actividades relacionadas. Entonces se obligó al gobierno catalán a suministrar a Hacienda semanalmente todas las órdenes de pago. El pasado jueves, en un claro desafío a la legalidad, otro, el consejero de Economía comunicó al ministro de Hacienda que no enviaría más la documentación requerida. La razón oficial: no reconocemos autoridad distinta al gobierno de Cataluña. La maquinaria del gobierno se puso inmediatamente en marcha y primero la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y después el consejo de ministros aprobaban un paquete de nuevas medidas de control. En sustancia, el gobierno no enviará nuevos fondos a Cataluña sino que pagará directamente todos los servicios esenciales incluido en sueldo de los funcionarios. Además, notifica a las entidades de crédito para que no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalidad debe ir acompañado de un certificado de la Intervención y si detectaran irregularidades lo comuniquen a la Fiscalía. Y, finalmente, determina que todas las operaciones de endeudamiento de la Generalidad necesitarán la autorización previa del consejo de ministros. Y lo más relevante, si en el plazo de 48 horas, el presidente de la generalidad no aprueba un acuerdo de no disponibilidad que afecte a cualquier gasto que no esté vinculado a servicios públicos esenciales, el gobierno asumirá el control total de las cuentas.
Es evidente la rapidez y contundencia de los acuerdos adoptados. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 por el gobierno de Rajoy, contiene la respuesta a estos supuestos y es lo que se ha hecho. En mi opinión, se tenía que haber hecho mucho antes. La fecha del 1 de octubre no nos ha pillado de sorpresa. Hace ya mucho tiempo que se sabe, igual que se intuye que están gastando en su preparación dinero público. Ahora, con estas medidas, no se va a gastar del presupuesto que queda, pero y el ya gastado y el que pueda gastarse, muy probablemente, desde los numerosos organismos, empresas públicas, consorcios. Esto será algo que tendrán que averiguar los tribunales.
En todo caso, la respuesta ha sorprendido por novedosa y contundente, aunque está en línea con las que han ido dando en los últimos días tanto el Tribunal Constitucional como la Fiscalía y que se ha redondeado con la intervención de Rajoy en Barcelona el viernes en la que dejó muy claro que se van a utilizar todas las armas de las que se disponen en un estado democrático para la defensa de la nación y de los derechos de sus ciudadanos. Dijo Rajoy que le van a hacer llegar a donde no quisiera llegar en referencia clara a la activación del artículo 155 de la Constitución. Después de sus palabras y de cómo se van desarrollando los acontecimientos, me quedan pocas dudas de que lo hará.
