Comienzo diciendo que la sangría demográfica en el rural sólo podrá frenar si volvemos a creer sinceramente en el desarrollo rural. Ya que pienso y creo que existe una nueva versión de clases sociales: la que contrapone a las personas de las ciudades modernas y bien equipadas, con las personas que viven en espacios con deficiencias en servicios básicos como la conexión a Internet, la consulta médica o el saneamiento, es decir, nuestro rural. Por esto mismo las Diputaciones tienen un papel importante dado el minifundismo municipal. Pueden sostener y dar vida a muchos ayuntamientos pequeños. Lo que me deriva a decir que si las Diputaciones provinciales no existieran, -en una provincia como la nuestra-, habría que crearlas. Ahora bien, no se puede caer en el error de que sus competencias y funciones mermen la autonomía municipal.
No hay ninguna rentabilidad en un minifundismo destructivo, arcaico y obsoleto. Ni tampoco una ordenación rural parcelaria puede durar décadas para tener las parcelas con su titularidad en escritura pública y debidamente registradas a nombre de sus nuevos dueños. Y lanzo esta primera reflexión a los 399.428 propietarios catrastales (más que habitantes), de una parcela rústica. Y una segunda reflexión a una administración estatal y autonómica, que puede y debe hacer mucho más, para garantizar la supervivencia de nuestro rural.
La emigración de una importante parte de la población ourensana en las últimas décadas y un envejecimiento de nuestra propia población, están dejando un reguero de cientos de miles de parcelas rústicas vacías. Un auténtico despropósito y una auténtica barbaridad contra el territorio y nuestro futuro.
Una falta de planificación territorial y de concentraciones parcelarias dejan a nuestra provincia con más de cuatro millones de parcelas entre rústicas y urbanizables a los pies de la nada. Nuestros hijos, y los que ya tengan nietos, ni siquiera saben de la existencia de muchas de ellas y por supuesto ni saben ubicarlas, con lo cual su abandono es total. Las tierras quedan abandonadas y los montes de menos de 30 hectáreas no tienen sentido, ni son rentables.
Hay que decir que debemos saber qué tipos de suelo hay en el rural y sus usos. Y bajo mi criterio la línea fiscal es muy importante para combatir la magnitud de este problema, por lo que introducir y legislar bonificaciones y deducciones en impuestos y subvenciones a la contratación y en las cuotas a la S.S. para quienes desarrollen su actividad y tengan su residencia habitual en zonas de prioridad demográfica, así como también bonificaciones y deducciones en el IRPF para los residentes en el medio rural, es básico en la lucha contra el despoblamiento y un paso acertado. Y dejémonos de altos comisionados contra la despoblación que son un absoluto fracaso y un insulto a la inteligencia de los aquí vivimos.
Por último decir que mi conclusión es nítida: Los datos, los demoledores datos del Catrasto Inmobiliario de Hacienda, son tan brutales y tan desoladores que me permiten decir que esta provincia no puede esperar ya un minuto más en la aplicación de contundentes planes de choque económicos por parte de todas las administraciones que intenten, al menos, frenar esta caótica situación. Y empezando por la administración central, ya que las entidades locales, ni tienen recursos económicos, ni humanos, ni tecnológicos suficientes para quitarnos de la situación actual. Así de cristalino.
