Una España que tiene como vicepresidente del Gobierno a un señor que se identifica en sus redes sociales como "Joker", pues ya nos dice mucho del porqué estamos sumidos en una crisis social y económica sin precedentes. Es decir, que parece que su subconsciente debió traicionarle, y nos ha ofrecido a todos su verdadera y destructiva personalidad, sin paliativos. Lo que me lleva a plantearme una primera pregunta: ¿Es el estado de alarma una dictadura encubierta para implantar las tesis totalitarias de Pablo Iglesias, con la permisividad de Pedro Sánchez, el cual únicamente busca mantener su poltrona y su poder, sea como sea, y a costa de que el fin si justifica los medios? La respuesta es obvia.
Las colas del estallido social, sin duda ninguna, ya están a la vuelta de la esquina. En las que, ni siquiera un verano atípico como este, va a servir como cloroformo temporal para adormecer a una ciudadanía preocupada, cabreada, ninguneada, asqueada, y lo peor aún, desempleada y empobrecida. Las largas colas de personas ante los bancos de alimentos en muchas ciudades y municipios de España, presagian un estallido social del cual aún es difícil aventurar su magnitud e intensidad. Si a esto le sumamos el impacto social, por el cual y de momento, 3.260 personas que han perdido a familiares por el coronavirus, hayan presentado ante el Tribunal Supremo querella contra el presidente del Gobierno y los 22 miembros del Consejo de ministros, por "un presunto delito de homicidio por imprudencia grave" al “haber permitido por acción o por omisión” la extensión de la pandemia y el virus que ha acabado con la vida de sus familiares, pues como que es la punta del iceberg de lo que se le viene encima a este país en breve. Y más con anuncios como el del secretario general del sindicato policial, Jupol, diciéndonos que acudirán a los tribunales contra la "gestión nefasta" que el Ejecutivo está realizando de la crisis sanitaria en lo referido a la seguridad de los agentes de policía.
Y si el escenario social y judicial, pinta negro como el carbón, pues el económico y empresarial, se calienta como la arena de la playa en pleno mes de agosto. De más de un millón y medio de empresas y autónomos que han solicitado un crédito ICO, solo se lo han concedido a un pírrico 20% de los solicitantes. Y a más de 400.000 autónomos y microempresas directamente se los han denegado. Esto es lo que hay a día de hoy en el sector privado, y con la amenaza a corto plazo de una nueva batería de impuestos .
Pero aún hay más: Según el informe del Banco de España, y que se basa en los datos que han remitido al organismo las propias entidades financieras, hasta el 30 de abril se han presentado más de 228.000 solicitudes de moratorias hipotecarias de viviendas y otros inmuebles como locales y oficinas. Sin embargo, apenas se han concedido un 29% de las mismas, y aún están sin contabilizar los datos de mayo ,en el cual se están disparando las solicitudes en las entidades bancarias. Y todo esto con un gasto público que alcanzará el 51,5% del PIB, una cifra que supera con creces al 48,7% del 2012, el año más negro de la crisis económica y financiera. Mi conclusión es nítida: El gobierno bipartito, condena a España a tener el sector público más sobredimensionado de nuestra historia, con todo el gasto que ello conlleva. Esa es su gestión, a día de hoy, y su legado actual.
España ya no puede seguir teniendo una democracia y libertad, presuntamente secuestrada por un Estado de Alarma más que cuestionado, y en el cual se están aprobando constantemente decretos y leyes que nada tienen que ver con nuestra seguridad sanitaria, y si, con intereses partidistas e ideológicos. Con lo que espero un, no rotundo, en la próxima votación del Congreso, por parte de todos los partidos constitucionales a prorrogar lo injustificable.
