Pablo...se fuerte! Y no solo lo manifestó por la presunta financiación opaca de su, Unidas Podemos, sino también porque es mejor aguantar un leve escrache en su lujosa mansión de Galapagar, a que se la okupen y se quede sin ella. Aunque ¿cómo va sufrir él, una ocupación de su marquesado, si tiene a medio cuerpo de las Fuerzas del orden custodiándola? En fin, entremos en materia:
El problema es que las Fuerzas de Seguridad no intervienen desde el primer momento en que es detectada y denunciada por el titular una ocupación ilegal. La respuesta es no. El problema, es la legislación actual, y de quienes tienen la responsabilidad de legislar modificándola, única y exclusivamente. Es decir, de las formaciones políticas con representación parlamentaria, (incluido Unidas Podemos, recientemente imputado judicialmente como persona jurídica dentro de la causa en la que se investiga su financiación), y la de los "políticos" a los cuales les pagamos, más que generosamente, con nuestros impuestos.
Los últimos datos del Ministerio del Interior sobre ocupaciones de propiedades en el primer semestre de este 2020, ratifica totalmente mi preocupación sobre este asunto, y que ya reflejaba su problemática en esta misma columna de Atlántico, el lunes 27 de julio, titulada "La aberrante impunidad de los okupas".
Pues bien, los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad, nos dicen que en este primer semestre, y en comparativa con el semestre del 2019, han crecido las ocupaciones en Galicia un 33,89%. Y también nos dicen que la ocupación ilegal ha crecido en España desde el año 2016 casi un 50% y entre 2018 y 2019 ha aumentado un 20%. Datos brutales que reflejan nítidamente que la legislación actual ya no sirve para atajar un gravísimo problema que produce inseguridad jurídica y serios conflictos de convivencia. Ocupaciones que se han acrecentado en los últimos meses, y en pleno período de confinamiento sanitario, aumentando así los casos de ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de personas físicas y jurídicas. Debo decir, que en la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son, presuntamente, mafias perfectamente organizadas, y dotadas logísticamente de los elementos necesarios para rentuar económicamente las ocupaciones al máximo. Con lo cual, han abierto un nuevo nicho de negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca, o ninguna, vulnerabilidad social. Y es que el perfil del okupa de la crisis del 2009, -que eran personas vulnerables socialmente al haber sufrido un desahucio de su vivienda por ejecuciones hipotecarias en la mayoría de los casos-, no tienen ahora en absoluto que ver con la realidad de los okupas actuales. Aunque sigue pendiente, y lo he manifestado en diversas ocasiones, la creación de un parque de viviendas social en alquiler como medida preventiva para mitigar la ocupación.
Ahora los okupas son auténticos profesionales, asesorados sobre sus presuntos derechos y de todo tipo de artimañas. Y que saben perfectamente cuándo ocupar las viviendas de obra nueva, que es justo en el momento de la entrega de las llaves a los verdaderos propietarios o inquilinos. Y que también saben, -con el supuesto apoyo logístico que les prestan las mafias-, cuales son las viviendas que están vacías, o las que son de procedencia bancaria, ya que en estas, les es mas difícil que detecten su ocupación en las primeras 48 horas. Queda patente así, la falta de agilidad procesal provocada por la escasez de medios y de recursos que derivan en demoras de meses para poder recuperar las propiedades al amparo de la Ley 5/2018.
Llegado a este punto, creo prioritario modificar la legislación vigente, y redactar una nueva norma que permita recuperar un inmueble okupado en menos de 48 horas y no en 30 días, como contempla la ley actual. Y por supuesto , modificar el código penal para endurecer la pena del delito de usurpación y que sea una pena de prisión menor y no una simple multa, que nunca pagan porque siempre se declaran insolventes.
