Opinión

LA TESIS PERVERSA

La primera de las causas que se instruyen contra el juez Baltasar Garzón, la que se está desarrollando en Valencia contra el ex presidente de la Autonomía de Valencia, Francisco Camps, la que en Baleares se está desarrollando con el ex presidente Matas como responsable máximo, o la propia citación a la que ha de responder el duque de Palma o el ministro Blanco, responden a una necesaria acción de los tribunales que ofrece una imagen reconfortante de la magistratura y consolida la salud de nuestro sistema democrático. En todos estos casos destaca poderosamente la personalidad de los que se enfrentan a la acción de los tribunales, y en todos ellos se juzgan situaciones merecedoras de procedimiento con independencia del poder o el estatus de los individuos investigados.


Pero si bien las situaciones que protagonizan tanto Matas como Camps derivan de una actuación supuestamente indigna llevada a cabo por alguien investido de poder político, en el caso del juez Garzón lo que se pone en evidencia en esta causa es la propia esencia de la Administración de Justicia, un concepto que, desde el punto de vista institucional, es mucho más trascendente que la actividad corrupta de dos presidentes autonómicos a los que se les aplica el código y nada más. Garzón se sienta en el banquillo por haber autorizado la intervención de conversaciones entre abogado y cliente amparados en el sacrosanto principio de confidencialidad. Lo más sorprendente es que el magistrado acepta que así ha sido, y apela a la necesidad de aplicarla como único sistema para combatir el delito.


Las razones de Garzón son perversas y se limitan a auspiciar la sombría proclama de que el fin justifica los medios, un principio que estremece. Si la tesis de Garzón prospera el precedente que crea es capaz de disculpar incluso la tortura. Y eso es muy serio.

Te puede interesar