Opinión

Televisiones públicas, descansen en paz

La experiencia y la detenida observación de lo ocurrido durante años con las televisiones públicas en este país arrojan un balance concluyente: encarnan un fracaso absoluto. Se podría, aplicando un criterio generoso, apuntar como excepción el caso de la BBC, aunque con un modelo que no deja de ser el de un gobierno dentro de otro, con todo lo que de ello se deriva en lo que a ejercicio del poder se refiere. Sería, en todo caso, una excepción que no hace más que confirmar la regla.

Del mismo modo que está admitido que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos conocidos -aunque no siempre sirva a los principios que la definen-, en el ámbito de la comunicación ese papel habrá que atribuírselo a los medios de comunicación privados. Las empresas que los sostienen, con sus errores, son en su conjunto un baluarte en la defensa del sistema de libertades y un mecanismo imprescindible en la salvaguarda de los intereses generales. Y lo son a pesar del esfuerzo continuado de las administraciones por establecer mecanismos destinados a hacerlos menos libres, menos independientes, más necesitados de la tutela y financiación del gestor político de turno. Uno de esos mecanismos patrocinados por los gobiernos son justamente los medios públicos, una competencia desleal que lleva años esquilmando las arcas del Estado y de las Autonomías y desequilibrando el libre mercado de la comunicación y la publicidad. En esta competencia desleal, las empresas privadas pierden su dinero y la televisión pública dilapida el de los contribuyentes, con el único objetivo de que quienes están en el poder tengan una plataforma maleable, influyente y al servicio de sus intereses, que nunca al del interés general. El resultado final de esta pérfida intrusión es el estrangulamiento de las empresas que basan su actividad en la comunicación, invirtiendo en ello su capital y su talento. Ello ha impedido el pleno desarrollo de una televisión privada real y la consolidación de una industria audiovisual no dependiente, en favor de una televisión pública y de otra pseudoprivada, nacida de concesiones caprichosas, espuria en sus planteamientos y en su misión social.


EL MODELO

FRACASADO

El actual Gobierno acaba de dar un tímido paso que supuestamente abriría la puerta al saneamiento y/o la privatización de las televisiones públicas. Cómo está ocurriendo con todas las reformas que pretende emprender la Administración Rajoy, no entra en el fondo del asunto y por tanto no parece que vaya más allá de una mera operación de estética. La alternativa para cualquier gobierno que ponga la honestidad por bandera no sería otra que finiquitar esos medios a los que inyecta dinero como si fuesen sacos sin fondo, o al menos, redimensionarlos hasta llevarlos a la mínima expresión, dedicándolos a un servicio público de base para avisos generales, alertas, actividades de ámbito comunitario, educación, ocio y todo tipo de prestaciones de utilidad social, a donde, por los motivos que sea, no pueda llegar el sector privado. Pero en ningún caso, como ha hasta ahora, hay lugar para entes agigantados con plantillas sobredimensionadas, índices de productividad que no resistirían la más benévola comparación con los medios privados y con una información manipulada y controlada para beneficiar a quienes, en cada mandato, gestionan la Administración con la prioridad de perpetuarse en el poder.

No hay margen para más frivolidades ni despilfarros. El modelo está agotado, arruinado, y, en el actual contexto de crisis económica, amenaza con conducir a la ruina al sector privado de la comunicación, el único, aunque sólo sea por una cuestión de variedad en la oferta, capaz de transmitir a los ciudadanos información plural. Durante demasiado tiempo, los políticos y los propios editores (es patético el papel que ha tenido en todo la Asociación de Editores de España, sometida por la voluntad de los grandes grupos y tolerada por los demás) han consentido una situación surrealista, esto es, una administración pública que derrocha el erario erigiéndose en competencia de los medios de comunicación privados que arriesgan su capital económico y humano en defensa de los intereses ciudadanos frente a los desmanes de esa administración. Así de flagrante es la contradicción. Por no hablar de los claros abusos perpetrados por una política de adjudicación de licencias caprichosa y restringida con argumentos técnicos mentirosos. Igual de sangrantes y bochoronosos son los costes de los consejeros, indocumentados en la mayoría de los casos sobre la realidad del sector, cuyas retribuciones ocultan a veces financiaciones irregulares de partidos o simplemente pagos de favores. Es necesario que los contribuyentes conozcan que una parte de sus impuestos van a pagar a directivos de medios públicos con contratos similares, cuando no superiores, a los de ejecutivos de las grandes multinacionales, que ejercen de meros comisarios políticos de quienes les colocan en el cargo.


el NETWORK, la radio en españa

La bola de nieve que comenzó con una televisión estatal y derivó en una red de autonómicas desemboca en un coste milmillonario y derivará en la ruina de todo un sector si no se toma la determinación de sustituir definitivamente este sistema. Es un cambio complejo, sí, pero factible. El propio sector nos sirve experiencias suficientes para encontrar el camino a seguir. El ejemplo de televisión por excelencia es el Network americano, una modalidad de TV en cadena, plenamente testada y con éxito en el sector radiofónico español, con una red de estaciones asociadas en torno a una empresa matriz. La combinación de una programación nacional compartida con programaciones locales a medida de cada asociado y una explotación publicitaria con criterios similares, es decir que discrimina la comercialización generalista de la local, se ha revelado como una fórmula eficaz para desarrollar un sector radiofónico potente y descentralizado. Este es, a grandes rasgos, el modo de operar de los tres grandes networks estadounidenses, con sus respectivas centrales, donde se gestionan los informativos generalistas, producciones propias o la compra de ajenas, además de las ventas publicitarias que trascienden el mercado local. Cada estación asociada recibe proporcionalmente según su peso sobre la audiencia total y según su estatus participativo en la sociedad del grupo.

¿Por qué en España existe una fórmula así para la radio y no para la televisión? Hay que remontarse a los años 80, cuando por motivos estrictamente políticos, el primer Gobierno del PSOE desechó la opción barajada por UCD de propiciar un mercado libre (libre pero evidentemente regulado por un marco legislativo, como en cualquier otra actividad empresarial) para las televisiones. En lugar de eso, el Ejecutivo de Felipe González optó por restringir el acceso con trabas de todo tipo: políticas, administrativas, técnicas y económicas. La necesidad de modernizar un sector anclado en el pasado hizo que a mediados de los 80, el mismo gobierno socialista se decidiese a autorizar nuevas licencias, pero con un criterio rácano y caprichoso. Canal +, Tele 5 y Antena 3 fueron los elegidos para un reparto limitado que permite a la Administración mantener controlado el sector audiovisual privado. De esta forma se dibuja un panorama misérrimo, en cuanto al número de actores privados y se cercena la posibilidad de propiciar un sector plural, descentralizado, fuerte y rico en volumen de negocio y de empleo. El Ejecutivo mantiene secuestrada la gallina de los huevos de oro, la concentra en Madrid y en manos amigas. Lo argumentó con mentiras técnicas como la limitación del especto radioléctrico . Es cierto que las posibilidades del ancho de banda no eran entonces las de ahora pero también lo es que la tecnología era ya mucho menos restrictiva que los criterios políticos.

El resultado fue la imposibilidad de trasladar a todas las ciudades el desarrollo de la industria audiovisual y en consecuencia de participar en una oportunidad de negocio que habría engrendrado empresas bien dimensionadas, solventes y distribuidas proporcional y solidariamente desde un punto de vista territorial. Y desde una perspectiva profesional, hubiese creado un paisje informativo diverso y por tanto más libre que el del modelo actual, en manos de cuatro grandes grupos. Esto hace que el sector sea menos independientes política y económicamente y por tanto y más frágil y vulnerable a momentos de crisis. El Gobierno cayó premeditamente en la tentación de intervenir un sector y se arrogó un arbitraje que, como en toda actividad económica, correspondería sólo a las leyes del mercado.

En paralelo al secuestro del sector privado, la Administración consolidó la financiación pública y privada (con ventas publicitarias a precios ajenos al mercado real) de TVE, incentivando la ya comentada competencia desleal y causando graves daños al sector audiovisual y a las empresas de comunicación en general, arrebatándoles una parte fundamental de sus ingresos y limitando su crecimiento. Más aún: potenció el agravaio abriendo delegaciones territoriales.

No queda ahí el disparate, porque también en paralelo se produjo la proliferación de las televisiones autonómicas, una réplica del ruinoso esquema estatal, con los mismo errores pero multiplicados. El pretexto del apoyo al desarrollo de las identidades de comunidades históricas no justifica en ningún caso la creación de monstruos de un millar de empleados y un coste superior a los 100 millones de euros al año, como es el caso de la TVG. Un mapa privado o, como mucho con una simbólica intervención de un canal público mesurado, hubiese resuelto todas las necesidades de forma más eficiente. Eso sí, habría sido más difícil para las administraciones autonómicas, obtener un instrumento tan útil para la manipulación informativa o la colocación de amigos a discreción.


HOJA DE RUTA



Esta es la realidad creada por los intereses políticos e incapacidad de gestión de las administraciones central y autonómicas. Y por muy brusco que suene el titular que encabeza este editorial, hay que tomarlo como lo que es, la provocadora y palmaria descripción del fin de un prototipo que se da de bruces con una crisis que exige drásticas medidas de ajuste. Lo avala la propia realidad de la televisión pública; sólo hay que remitirse a los últimos datos de audiencia de TVE, para comprobar que la agonía es irreversible. Es inaplazable el cambio de pauta. Evidentemente no se puede hacer de forma temeraria y repentina, pero sí inmediata y progresiva. Una reforma de este calado requiere un plan, como mínimo, a cinco años, en el que se definan y se marquen claramente los plazos e incorpore las soluciones menos traumáticas posibles, como la recolocación del personal implicado.

Es ciertamente un trabajo complejo y, vista la falta de valor, cuando no también de talento, mostrada por los gestores de turno para asumir riesgos y renovar modelos obsoletos, parece difícil esperar de ellos la determinación necesaria para corregir este despropósito. No por ello hay que dejar de exigirlo.

La sociedad necesita una información libre, independiente, rigurosa, de calidad, que merezca toda la credibilidad. Ahora más que nunca, las televisiones públicas, son el principal obstáculo.

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