Opinión

RENOVAR LA JUSTICIA

Una de las actuaciones que se presuponían más necesarias en el amplio catálogo de reformas de carácter político, social e institucional que el nuevo Gobierno debería llevar a cabo ya está en marcha, y no es otra que la que atañe a la Justicia: el Gobierno ha anunciado el desarrollo de un conjunto de medidas capaces de producir un cambio sustancial en el ordenamiento jurídico español, apelando a decisiones que afectan tanto al ámbito procesal como al administrativo.


Por un lado se apuntan novedades en el cumplimiento de penas de cara a su cumplimiento íntegro, en el copago de tasas judiciales por recurrir o cambios en leyes como la del aborto o del menor, que despiertan tanta sensibilidad social. Pero es el segundo de los aspectos anunciados el que ofrece un mayor ámbito de novedades, por que en él se especifica el inicio del proceso destinado a lograr la completa despolitización de la Justicia, una medida necesaria que debe seguir su curso paulatino hasta obtener el equilibrio que la intervención permanente de los partidos en la constitución de sus órganos rectores hicieron imposible en etapas anteriores. Como punto de partida, el Gobierno anuncia que devuelve a los jueces la potestad de elegirse a sí mismos, y por tanto serán ellos quienes escojan a los 12 vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial, un paso de enorme relevancia para rescatar la perdida independencia de tan alta instancia que tiene además influencia decisiva en la vida jurídica nacional. Las reglas que actualmente ordenan la elección de representantes en el CGPJ comenzaron a regir en 1985 bajo la presidencia de González, y ninguna de las administraciones del PP y del PSOE que le sucedieron se avino a rescatar la fórmula que ahora se restablece.

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