Opinión

PARLAMENTO EN LA CALLE

Mientras el presidente del Gobierno trata de obtener en Bruselas una moratoria que nos permita respirar, el país se ha inundado de manifestaciones -pacíficas unas y otras por el contrario muy violentas- cuyo objetivo es denunciar una situación dolorosa que, sin embargo, no se ha producido de la noche a la mañana sino que es producto de una cadena de hechos cuya raíz se remonta a legislaturas anteriores. No parece justo obligar al nuevo Gobierno a cargar en solitario con semejante responsabilidad ni debería disculparse la postura de unas centrales sindicales que no han sido capaces de llegar a acuerdos con la patronal cuando se les solicitaba y que, tras años de silencio cómplice, apuestan hoy por volver a la calle a imponer una estrategia que conduce de modo imparable hacia una huelga general de desastrosas consecuencias.


Pero en esta situación tan grave para la economía nacional y en semejantes momentos, el papel que ha elegido Alfredo Pérez Rubalcaba, máximo responsable del derrotado PSOE, es quizá el que tiene una justificación más difícil. Tras colaborar activamente en la construcción de este paisaje ruinoso desde un puesto principal en un Gobierno ampliamente derrotado en las urnas, el secretario general de los socialistas ha resuelto respaldar activamente esta política de algarada con la presencia de su partido en cada una de las manifestaciones, apoyando los movimientos de protesta como estrategia, y justificando acciones como las que asolan Cataluña pródigas en escenas de inusitada violencia. Rubalcaba se pasó dos legislaturas acusando a sus rivales de no prestar ninguna colaboración, pero cuando le ha tocado el turno no ha perdido el tiempo y propone una respuesta mucho peor. Sin embargo, Rubalcaba debería saber que trasladar el Parlamento a la calle tiene un alto coste y nefastas consecuencias.

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