Opinión

LA NEGATIVA CATALANA

Siguiendo la estela trazada por varias instituciones de la comunidad que desobedecen sistemáticamente las ordenanzas que les procuran desacuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha resuelto despreciar la sentencia emitida por el Tribunal Supremo que obliga a dictar enseñanza en castellano atendiendo la petición de las familias que así lo deseen. No es la primera vez que Cataluña responde oponiéndose abiertamente a aceptar la igualdad lingüística que se contiene en la Constitución y, en este caso como en casos anteriores, el estamento jurídico regional se alía con sus dirigentes políticos para salvaguardar una situación que ambos consideran indiscutible a pesar de que no lo es en absoluto, y atenta directamente contra principios de libertad y convivencia que no deberían ser cuestionados y, menos, desde instancias oficiales como es el caso.


La España constitucional, que ha permitido una gran autonomía en materia de lengua y cultura autóctonas y que apenas si ha establecido algún ligero inconveniente en este aspecto de la vida nacional, defiende en esta cuestión la propia libertad del individuo como no podría ser de otra manera, un principio que salvaguarda del mismo modo con su resolución el Tribunal Supremo. El Supremo manda respetar los deseos de aquellos que solicitan que sus hijos reciban una instrucción en castellano a lo que la Generalitat se ha opuesto siempre y a lo que se opone ahora el TSJC haciendo caso omiso de una sentencia a la que no tiene otro remedio que obedecer. Y es que, el principio inalterable de un sistema como el nuestro establece que una ley dictada por un tribunal de rango nacional prevalece sobre aquella que emite una de rango regional. Es una razón que no admite controversia.

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