Opinión

La huelga anunciada

Las centrales sindicales han resuelto convocar huelga general para el próximo jueves 29 de marzo en contra de una ley de la reforma laboral que acaba de pasar por el Congreso y que ha recibido en él el tratamiento parlamentario preceptivo. Es por lo tanto una ley severa y sin concesiones, discutible probablemente en algunos de sus aspectos más comprometidos, pero irreprochable desde el punto de vista institucional, de tal modo que no hay razón objetiva que le prive de la más estricta legalidad y responde a una base amplia de consenso parlamentario que amplía considerablemente la mayoría de la que ya de por sí disponen los populares disponen en ambas Cámaras. Las centrales abocan el país a un paro de 24 horas –el sexto desde la recuperación del Estado democrático y el segundo que sufrirá un gobierno del PP- a sabiendas, no sólo de que aquello por lo que protestan está sancionado con arreglo a Derecho por los representantes políticos de la nación, sino conociendo además que la reforma no tiene marcha atrás. El Ejecutivo no va a modificar sus posiciones por una huelga que ya esperaban y que el propio presidente Rajoy citó en Bruselas, ni las instancias internacionales lo van a permitir. Una parte trascendental de esta decisión está inspirada por la propia Unión Europea y una modificación de estos criterios desacreditarían a Rajoy y anularían la porción de solvencia que a España le queda en los foros exteriores y que sus nuevos rectores desean recuperar a toda costa.

La huelga que se prepara es, en definitiva, el ejercicio de un derecho, pero en este caso inútil aunque sea legal, y no va a servir para otra cosa que para empeorar una situación que ya es sumamente alarmante. Conviene reflexionar sobre ello mientras el día 29 llega.

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