Opinión

EL EXPOLIO ARGENTINO

A pesar de que el Gobierno español suponía que la crisis argentina había quedado zanjada y que su presidenta no insistiría en el proyecto de nacionalizar la petrolera de la que es dueña Repsol en aquel país, el lunes cambió por completo el escenario y, en medio de clamores, escenografía arrebatada y cánticos patrióticos, Cristina Fernández firmó la ley por la que se adueña del 51% de las acciones de la compañía YPF, y envió a un ejército de interventores a la sede de la firma en Buenos Aires para que pusiera en la calle sin contemplaciones a los directivos de la legal propietaria. La expropiación ?cuyas reglas financieras aún se desconocen- se ha desarrollado a ritmo vertiginoso y se acompaña de una parafernalia populista y bullanguera que transmite a la sociedad argentina el viejo catálogo de supuestas afrentas españolas cometidas en Latinoamérica con que la presidenta trata de maquillar un expolio sin atenuantes cuyos resultados futuros la nueva Evita Perón en quien Fernández quiere reencarnarse ni ha tenido en cuenta ni quiere tener, obsesionada por aguantar el presente y consolidar una imagen libertadora con la que disimular las múltiples carencias que acogotan a la nación.


El ataque, que priva de sus propiedades a sus legítimos dueños y proclama el desprecio más absoluto a leyes y compromisos, no puede permanecer impune. Es un atropello y el Gobierno ha de adoptar las decisiones necesarias para responder a esta ofensa. Ha de hacerlo con prudencia pero también con autoridad, ante un flagrante caso que muestra la inseguridad jurídica reinante en un país en el que los intereses comerciales españoles son máximos. Muchas empresas gallegas, en especial las pesqueras viguesas, están con el alma en vilo de modo que ahora, más que nunca, necesitan un inequívoco y solvente respaldo institucional.

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