Opinión

El escándalo del agua

La llamada Ley de las Grandes Ciudades ha supuesto para sus alcaldes una importante prerrogativa que les libera de gobernar sujetos a una excesiva fiscalización por parte de los órganos plenarios. Sin embargo, está generosa ampliación de su cuota de libertad para la toma de decisiones sin necesidad de ser sometidas al dictamen del pleno debe ser administrada con la prudencia necesaria para que su aplicación no se convierta en una pura tiranía y cancha abierta a cualquier desafuero. Desgraciadamente, el alcalde de Vigo se ha decidido por convertirla en un instrumento para la comisión de acciones que constituyen de por sí un escándalo, y cuya perversidad es tanta que necesita apelar al subterfugio para garantizarlas. De otro modo nunca pasarían el filtro de sus compañeros de la Corporación.

La piedra de escándalo ha sido la ampliación del contrato de concesión de agua a la empresa Aqualia cuatro años antes de que el contrato prescriba. Semejante decisión -adoptada en comisión local para evitar la derrota que le hubiera correspondido como propuesta formulada por un Gobierno en minoría- es tan arbitraria que demuestra la consideración que el alcalde guarda al orden institucional. Y es tan nefasta para los vigueses, que su adopción les obliga a pagar el agua mucho más cara de lo necesario en virtud del canon que lleva implícito el pliego de condiciones aprobado en 1992. Como consecuencia de la ampliación del contrato, la empresa recibirá unos suculentos beneficios y Caballero podrá obtener a cambio los millones que necesita para proseguir con su insaciable tarea de arreglar calles y aceras, la única actividad que se ha propuesto desempeñar como alcalde en las dos legislaturas. BNG y PP califican esta acción de bochornoso escándalo pero Caballero ya no respeta nada.

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