Opinión

EL CAMINO CORRECTO

El pisodio protagonizado por Laura Gómiz, que hasta hace poco ejercía como presidenta de la razón Invercaria, una sociedad de capital riego perteneciente a la Junta de Andalucía, pone de nuevo de manifiesto la necesidad de extremar el control sobre las comunidades autonómicas que, al menos hasta la fecha, han disfrutado de una libertad completa para administrar su fondos y gobernar sus instituciones sin que ninguna de ellas estuviera sometida a una fiscalización ni se concretara vigilancia alguna sobre el modo de gestionar recursos, un ámbito de tolerancia que ha terminado contribuyendo decisivamente a su propia ruina. Laura Gómiz, una ejecutiva al parecer muy dispuesta, aparece reflejada en una serie de grabaciones presentadas en el juzgado en las que obliga a sus subordinados a desarrollar estrategias fraudulentas, y amenaza con despedirlos si no se llevan a cabo sus deseos poco importa que sean lícitos o no. Y si bien es aconsejable esperar para determinar cuál es la senda oficial que toma esta causa todo parece indicar que la presidenta exigió actuar a cualquier precio. Los datos objetivos apuntan a que el propio presidente de la Junta se las ingenió para que Invercalia quedara fuera de los controles del propio gobierno regional, y todo da a entender que las órdenes de escamoteo y falsificación que Gómiz pudo cursar a sus subordinados venían urgidas por la amenaza latente de una auditoria ordenada por el Consejo de Cuentas.


Existen dos reflexiones a tenor de estos hechos aún en ciernes. Una, aconseja extremar la fiscalización para evitar fraudes como el que aquí se esboza. Y otra, eliminar todos aquellos organismos superfluos que no han servido para otra cosa que para invertir dinero público sin ofrecer nada a cambio. A partir de ahí las cosas deberán ir mucho mejor.

Te puede interesar