Opinión

29-M, FRACASO GENERAL

Detrás de cada huelga se esconde siempre un fracaso con responsabilidades repartidas, aunque ciertamente no en la misma medida. Que un instrumento legal tan importante esté regulado por una norma preconstitucional ya indica que algo va mal en este ámbito, sin que el poder político haya sido capaz de buscar una solución -o no haya querido- que se ajuste a la situación real de la sociedad. Que en el ámbito político y sindical se hayan creado cotos de privilegio insostenibles e hirientes para el resto de la ciudadanía, es otro síntoma que invita al cambio urgente.


Una vez más, los sindicatos han utilizado una herramienta legal para echar un pulso al Gobierno, en esta ocasión contra la reforma laboral. Lo prioritario era mostrar músculo. Y lo han hecho obviando el riesgo que una convocatoria de este tipo puede tener para un país cuya economía está en recesión, castigada por una alarmante caída de los ingresos del Estado, asediada por los mercados y los demás países de la UE. Más allá de los derechos que asistan a los convocantes, resulta un anacronismo y un chantaje social inaceptable que los índices de participación en una huelga se midan por la capacidad de presión o la violencia de los piquetes. No es ese el papel que reserva la Constitución a la actividad sindical. El amedrentamiento es el argumento más contundente -y el más utilizado- en las jornadas de huelga para convencer a quienes no tenían previsto sumarse a la movilización. Las conductas agresivas -incluso delictivas- de algunos elementos incontrolados por los convocantes son responsables de que muchos trabajadores tomen la precaución de quedarse en casa para evitar males mayores que pueden afectar a su seguridad personal.


También son muchas las empresas que optan por pactar con sus empleados el cierre durante la jornada de huelga a cuenta de un día de vacaciones, en una actitud que poco contribuye a desenmascarar el verdadero comportamiento de las minorías que tienen en la fuerza el argumento más solvente para convencer a los demás, violando así un derecho exactamente igual de sagrado que el de la huelga: el de ir a trabajar por voluntad propia.


En el ámbito político, tampoco la oposición -no sólo la de ahora- se muestre capaz de estar a la altura de las circunstancias, pues al margen de las diferencias partidarias se espera de ella aportaciones solventes que coadyuven a la búsqueda de soluciones para salir de la crisis tan grave y profunda en la que estamos metidos. Al fin y al cabo, por activa o por pasiva, algo han tenido que ver las fuerzas políticas en que la situación sea la que es y no mejor. La pureza de los comportamientos democráticos ha ido devaluándose de forma que en algunos aspectos ha llegado a la perversión. La mayoría de las veces las propuestas de la oposición son mera demagogia vocinglera, cuyo objetivo se queda en estrategia para disimular el constante enarbolamiento de la bandera del no. Asombra la capacidad con que sucumbe a la tentación olvidar su misión pública para, por encima de todo, sacar rendimiento partidista.


Tras una jornada como la del 29-M, ni siquiera el Gobierno puede sacar pecho, después de exhibir una acción amparada en poner paños calientes en vez de ir al fondo de la cuestión. Es verdad que debe aplicar ajustes imprescindibles para salir adelante, lo que ya no lo es tanto es que para ello haya de ir contra la economía cotidiana de los ciudadanos; más bien al contrario, debería hacerlo prescindiendo de lo superfluo -que lo hay- en ámbitos bien conocidos, como el cierre de aeropuertos sin aviones, de campus universitarios sin alumnos, museos sin contenidos, televisiones públicas controladas políticamente, socialmente prescindibles y económicamente ruinosas, por señalar sólo algunos ejemplos, que cuestan muchos miles de millones de euros anuales a las arcas públicas. Es en estos territorios del despilfarro donde debería entrar a saco la tijera del Gobierno de Rajoy, cuya gestión se está caracterizando por los titubeos y las medidas tintas. Así lo demuestra su reforma laboral, que de momento sólo ha servido para alimentar una huelga general y para cabrear a partes iguales a trabajadores, sindicatos y empresarios, porque en el fondo no soluciona ninguno de los grandes problemas del mercado laboral español.


Por tanto, al rebufo de la resaca de la jornada de huelga, sería buen momento para la reflexión seria y honesta para con la sociedad. Búsquese el consenso, la honestidad y la eficacia; pónganse en marcha las medidas imprescindibles para mejorar la situación y, al tiempo, adecúese la ley de huelga que vio la luz en la primavera de 1977, antes de las primeras elecciones democráticas de este país tras el franquismo. Eso sería vocación de servicio. Lo demás, mucho menos.

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