Opinión

Telemático Puigdemont

El ejercicio de los derechos siempre tiene su contrapunto en el ejercicio de los deberes. No se puede reclamar la tutela judicial sin reconocer la potestad jurisdiccional de los tribunales. Ni se puede exigir la participación política si antes se ha repudiado el marco legal que contempla ese derecho.
Un fugado de la justicia en estado de permanente reiteración delictiva no puede reclamar su derecho a ser candidato a la presidencia de la Generalitat si incumple su deber de ponerse a disposición del juez. Sin embargo, Puigdemont quiere jugar el partido sin presentarse en el campo. Eso pretende al postularse a una imposible investidura a distancia, al hilo de la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat, aprobada por el Parlament la semana pasada.
Pero una investidura sin presencia física del aspirante ya estaba expresamente desautorizada por el Tribunal Constitucional antes de dicha reforma. Incluso antes de que, hace unos pocos días, el alto tribunal admitiese a trámite un recurso del Gobierno presentado el día 26 de enero. 
Y volverá a estarlo cuando el alto tribunal admita a trámite la impugnación de propia reforma (está al caer), que tendrá efectos paralizantes de su aplicación.
Quiere decirse que los miembros de la Mesa del Parlament que eventualmente facilitasen la celebración de una investidura a distancia de Puigdemont estarían incurriendo en un supuesto delictivo de desobediencia, lo mismo que les ocurrió a los cinco miembros de la Mesa que, en la legislatura anterior facilitaron la celebración de los plenos en los que se aprobaron las leyes "golpistas" (referéndum y transitoriedad hacia la republica independiente de Cataluña).
La incógnita es si los cuatro miembros independentistas de la actual Mesa, advertidos por el TC de que pueden incurrir en responsabilidades penales, están dispuestos a sacrificarse por el narcisismo de Puigdemont. O si solo se sacrificarían los dos de JxC más afines, de modo que los dos (de ERC) se unirían a los constitucionalistas en una mayoría que bloquearía la investidura telemática de Puigdemont.
No descarten esta última posibilidad, cuya verosimilitad nace del real enfrentamiento de los republicano de Oriol Junqueras con los costaleros del ex "president". Parece evidente que este juega al máximo de confrontación con el Estado, hasta cinco minutos antes de rebasar el umbral para convocar elecciones (22 de mayo), mientras que ERC quiere investir a un candidato libre de caras judiciales que forme un "govern" viable para desactivar el 155 y volver a la política de las cosas (tope para candidato "alternativo" es el 14 de mayo).
Sí sabemos que los dirigentes de ERC van perdiendo poco a poco la paciencia con los volatines del saltimbanqui custodiado por la justicia alemana en Berlín. Y que si aun se reprimen es porque perderla del todo sería hacer visible la fractura del bloque independentista que por ahora sigue larvada.

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