En la controversia sobre la mal llamada "prisión permanente revisable" -o lo uno o lo otro-, los defensores de la democracia directa tienen la ocasión perfecta de ser coherentes. Sánchez e Iglesias, tan amigos de usar mucho más los conectores con la militancia que los conectores con los votantes, tal vez no quieran utilizar "en caliente" ese resorte asambleario. O tal vez, como partidarios de suprimir dicha figura penal, desconfíen de que el resultado les fuera favorable.
Ni se les ha pasado por la cabeza consultar a las bases. Un método que si han usado los padres de Diana Quer, Sandra Palo y Mari Luz Cortes, tan alevosamente asesinadas en su día como acaba de serlo el niño Gabriel Cruz. Dos millones y medio de firmas, que pueden ser más si se lo proponen, se presentaron en el Congreso en vísperas del debate del jueves pasado.
Quedaron rechazadas las enmiendas del PP y Ciudadanos contra la proposición de ley del PNV que, apoyada por PSOE y Podemos, pretende suprimir del marco jurídico la figura de la prisión permanente revisable (mal llamada, insisto). El debate fue tan bronco y tan caliente que hizo dudar de que sus señorías, efectivamente, puedan ser capaces de mantener la calma entre las llamas para legislar con racionalidad, sentido común y sintonía con el sentir mayoritario de la gente.
Al rechazarse los citados textos alternativos (PP y Ciudadanos), comienza ahora la normal tramitación de la proposición del PNV (PSOE, Podemos y nacionalistas catalanes la apoyan) con pretensiones derogatorias de la figura implantada hace tres años por la mayoría absoluta del Gobierno Rajoy. Y eso quiere decir que el calentón del jueves se repetirá al menos diez veces, en el Congreso y en el Senado, en pleno y en comisión, si antes no se interrumpe la Legislatura.
O sea, que hay debate para rato. Aún con el angustioso recuerdo del niño Gabriel Cruz, cuyo blanquísimo espectro sobrevoló los escaños del Congreso. No solo. También las discusiones en la calle, aunque me temo que sin la división de opiniones registrada en el hemiciclo. Es palpable la masiva corriente de respaldo a la prisión permanente revisable para los autores de crímenes tan horrendos. Lo cual no supone aparcar el principio constitucional de la reeducación del criminal (art. 25 de la CE), que equivale a prohibir la cadena perpetua. Tampoco quiere decir que se esté legislando bajo la impresión del último hecho luctuoso que ha acaparado los medios de comunicación.
Nuestro sistema no es tan inmaduro como para que criminólogos y legisladores se dejen llevar por ocasionales sentimientos de venganza. No comparto la cautela expresada en ciertos sectores contra "la dañina tentación de legislar en caliente". Y más bien creo que se instrumentaliza con fines cortoplacistas que, esos sí, han sido formulados en caliente por los estados mayores de tal o cual partido político.
