Se me hace muy cuesta arriba acreditar que el dichoso "gesto" de Sánchez (orientar la acusación de la Abogacía del Estado hacia la figura de la "sedición" y no la de "rebelión") pretende garantizar su continuidad en Moncloa. Si de verdad lo pretendía, ha hecho un pan de obleas porque, a esos efectos, está resultando inútil y contraproducente.
Lo cual no convierte en justas o acertadas las pedradas políticas arrojadas estos días contra el Gobierno, especialmente desde la parte derecha del espectro. Incluidas sus terminales mediáticas, desde donde se ha llegado a denunciar un ataque al Estado de Derecho por supuesta violación del principio de separación de poderes. Qué barbaridad.
Ese principio está intacto, porque la medida de la independencia judicial no la da la Abogacía del Estado respecto al Gobierno. Son la misma cosa. Esa medida la dará la venidera actuación del tribunal sentenciador en el juicio oral anunciado para el mes de enero. El independiente Poder Judicial nada tiene que ver con un órgano dependiente del Ejecutivo, como el Cuerpo Diplomático, la Guardia Civil o la Inspección de Hacienda.
Otra enormidad recurrente en boca de dirigentes del PP y de Ciudadanos es que Sánchez se ha convertido en un "cómplice de los golpistas". O que ha inducido la rebaja de la acusación "para regocijo de los golpistas". Basta remitirse a las declaraciones de los Torra, Junqueras, Tardá, etc... para detectar que su estado de ánimo no ha sido el de celebrar nada. Al contrario, su primera reacción fue anunciar el rechazo a los PGE de Sánchez, al que ven en "la misma línea represiva de Rajoy".
También se acusa al Gobierno de haber puesto en entredicho las tesis expuestas por el juez Llarena en su auto de procesamiento por presuntos delitos de rebelión y otros, donde se lee que los encausados pretendían que "el Estado de derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población".
Esa "determinación violenta" es lo que subyace a la controversia sobre si el tipo penal aplicable por las acusaciones públicas, Abogacía y Fiscalía, a los líderes políticos y civiles del golpe contra el orden constitucional, debe ser el de "rebelión", el más grave, o el de sedición", el menos grave.
La Fiscalía General del Estado lo tiene claro: se usó la fuerza intimidatoria (violenta y en público) para intentar la secesión territorial de Cataluña. Por su parte, la Abogacía, hasta ahora alineada con la Fiscalía, entiende que solo hubo incidentes "tumultuarios". Pero esa discrepancia no supone ninguna crisis institucional, como también se ha dicho. Que la Fiscalía no marque el paso del Gobierno acredita la autonomía de esta institución ante un asunto (¿rebelión o sedición?) sobre el que finalmente solo decidirá el Tribunal Supremo.
