La juez madrileña del 51 decreta el sobreseimiento provisional del procedimiento abierto a finales de marzo contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por no haber desautorizado la manifestación feminista del 8 de marzo en la capital de España. Dicho sea en términos estrictamente judiciales. Algunos veníamos diciendo que en ese plano el asunto carecía de recorrido. La decisión era previsible. Si lo expresamos en términos políticos, la noticia debería aparecer así: este viernes la jueza Rodríguez Medel, instructora del caso "8-M", decidió el archivo de la causa general abierta contra el Gobierno por haber mantenido la manifestación feminista del 8-M a sabiendas de que ponía en peligro la salud de los españoles.
En ese terreno sí me parece justo y necesario el debate sobre si el Gobierno retrasó la decisión de confinar a los españoles al objeto de no desconvocar las marchas anunciadas para el Día de la Mujer. Hay motivos creerlo, lo cual no supone atribuir al Ejecutivo la consciencia de estar jugando con la vida de los ciudadanos, porque en aquellos momentos los poderes públicos, la propia ciudadanía, la clase política y los epidemiólogos estaban divididos entre los negacionistas y los que apremiaban a tomar medidas urgentes. Y ambos tenían buenas razones. Unos sobrevaloraban un riesgo todavía difuso (hasta la declaración oficial de pandemia por parte de la OMS del 11 de marzo) y otros pensaban en los males mayores del confinamiento general frente a lo que hasta entonces solo eran "recomendaciones" de los expertos.
Pero, insisto, la relevancia de la decisión de la juez debe buscarse en el terreno político. Ahí se desvanecen de repente las descalificaciones sufridas por el ministro Marlaska por supuesta injerencia en unos informes de la Guardia Civil faltos de neutralidad y sobrados de literatura, que ni siquiera han servido para que la juez detectara indicios delictivos en la decisión de José Manuel Franco de no impedir la manifestación.
Ahora entenderemos mejor las razones de Marlaska cuando apelaba al deber de neutralidad del funcionario público, el principio de libre designación de cargos en su Ministerio, el rigor de los datos en los informes de la policía judicial o los supuestos de revelación de secretos que se daba en las filtraciones de los informes a los medios de comunicación.
Finalmente, la juez no se ha dejado influir por la insufrible politización del caso "8-M" (¿Debió haberse desautorizado la manifestación?) y archiva una indagatoria que no tenía futuro desde el punto de vista penal porque el delegado del Gobierno nunca tuvo "conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones".
