Para calentar más el segundo aniversario del 1-O y las vísperas de la sentencia del "judici", aparece la doctrina Torra sobre el encarcelamiento de siete activistas de los CDR (rama operativa ERT). "No se puede condenar lo que no existe", dice. Así respondió a Pedro Sánchez, que le había invitado a condenar a los encarcelados por presunto delito de terrorismo.
Es el último cantazo contra la razón, la lógica y el sentido común, que se suma al sentir del secesionismo: el opresor Estado español pretende criminalizarnos.
Graves acusaciones que no han topado con una común respuesta de las fuerzas políticas comprometidas con la Constitución. Al revés. La ocasión ha reverdecido la autodestructiva competencia electoralista entre el Gobierno socialista, el PP y Cs, a cuenta de la cuestión catalana. Se ha visto en las recurrentes acusaciones de ambos por supuesta indolencia de Moncloa en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Pablo Casado, ha arremetido contra Sánchez, por ser amable con el independentismo. No solo ante las reacciones sobre el grupo de activistas encarcelados por orden judicial. También ante una sentencia del "procés" que ni siquiera se ha producido. "¿La va a respetar?", ha preguntado en público el líder del PP. La pregunta lleva implícita una acusación, a título preventivo, que me parece gravísima y es infundada.
Entretanto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a lo suyo. Defiende por tierra mal y aire que violencia e independentismo son incompatibles, aunque el Estado necesita criminalizarlo. La verdad es que el independentismo se autocriminaliza cuando se identifica con esta conspiración de la pólvora que, según propia confesión de los detenidos, pensaba utilizar explosivos para colapsar las comunicaciones, colocar explosivos en la A-7 y destruir torres de telefonía.
Hacia estos presuntos criminales se dirige la acción policial y judicial. No hacia el independentismo, salvo que se demuestre que se ha encarcelado sin pruebas a siete pacíficos ciudadanos por el hecho de abrazar una determinada fe política. Estaríamos ante una acción antidemocrática e ilegal. No parece, a juzgar por la contundencia de los hechos descritos en el auto que ordenó la prisión incondicional de los mismos.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat declaraba este domingo que no se puede condenar lo que no existe. Tal vez esté insinuando que todo lo ocurrido, incluidas las implicaciones familiares del propio Torra en el caso, sea producto de la imaginación calenturienta de la Guardia Civil, el fiscal, el juez García Castellón, la malvada prensa de Madrid y los propios detenidos, en singular torneo sobre sus respectivas capacidades de fabulación. Si fuera así, deberían denunciarlo ¿Por qué no lo hacen?
Es el último cantazo contra la razón, la lógica y el sentido común, que se suma al sentir del secesionismo: el opresor Estado español pretende criminalizarnos.
Graves acusaciones que no han topado con una común respuesta de las fuerzas políticas comprometidas con la Constitución. Al revés. La ocasión ha reverdecido la autodestructiva competencia electoralista entre el Gobierno socialista, el PP y Cs, a cuenta de la cuestión catalana. Se ha visto en las recurrentes acusaciones de ambos por supuesta indolencia de Moncloa en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Pablo Casado, ha arremetido contra Sánchez, por ser amable con el independentismo. No solo ante las reacciones sobre el grupo de activistas encarcelados por orden judicial. También ante una sentencia del "procés" que ni siquiera se ha producido. "¿La va a respetar?", ha preguntado en público el líder del PP. La pregunta lleva implícita una acusación, a título preventivo, que me parece gravísima y es infundada.
Entretanto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a lo suyo. Defiende por tierra mal y aire que violencia e independentismo son incompatibles, aunque el Estado necesita criminalizarlo. La verdad es que el independentismo se autocriminaliza cuando se identifica con esta conspiración de la pólvora que, según propia confesión de los detenidos, pensaba utilizar explosivos para colapsar las comunicaciones, colocar explosivos en la A-7 y destruir torres de telefonía.
Hacia estos presuntos criminales se dirige la acción policial y judicial. No hacia el independentismo, salvo que se demuestre que se ha encarcelado sin pruebas a siete pacíficos ciudadanos por el hecho de abrazar una determinada fe política. Estaríamos ante una acción antidemocrática e ilegal. No parece, a juzgar por la contundencia de los hechos descritos en el auto que ordenó la prisión incondicional de los mismos.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat declaraba este domingo que no se puede condenar lo que no existe. Tal vez esté insinuando que todo lo ocurrido, incluidas las implicaciones familiares del propio Torra en el caso, sea producto de la imaginación calenturienta de la Guardia Civil, el fiscal, el juez García Castellón, la malvada prensa de Madrid y los propios detenidos, en singular torneo sobre sus respectivas capacidades de fabulación. Si fuera así, deberían denunciarlo ¿Por qué no lo hacen?
