El decreto de la llamada nueva normalidad (medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria), será convalidado este jueves por una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados.
Se trata de una pauta sanitaria donde encajen las tareas de la reconstrucción económica y social de un país convaleciente de los cien días de confinamiento recién cumplidos. Eso significa que España se dispone a bracear entre el miedo a un nuevo estado de alarma y la esperanza de la recuperación, consciente de que si van a más los rebrotes localizados estos días, un nuevo frenazo a la actividad productiva causaría graves desperfectos tanto en la economía como en la propia convivencia social, ya deteriorada por la bronca política permanente entre partidos colocados en el lado opuesto de la barricada.
No podemos bajar la guardia frente a una amenaza que sigue viva. El éxito de las medidas previstas en el decreto ley dependerá de que funcionen los sistemas de detección precoz y el civismo de la gente. Son los dos elementos necesarios para que la recuperación de la movilidad no sufra un prematuro frenazo.
Una tercera pata del empeño colectivo debería ser esa concordia política reclamada por los empresarios y la mayoría de la opinión pública. Pero eso es harina de otro costal, si nos atenemos al mal ejemplo de los dos principales partidos, PSOE y PP, que siguen mirándose a cara de perro. Véase el fracaso de la comisión para la reconstrucción económica y social (solo en el plano estrictamente sanitario pude haber algún tipo de acuerdo), que acaba de echar el cierre en el Congreso de los Diputados con más pena que gloria, aunque todavía estamos pendientes de conocer los borradores de conclusiones finales.
En esa situación, la bronca política es veneno para la causa de los intereses generales, cuyos valedores no están precisamente entre quienes abominan del Rey, del régimen del 78 y de un Estado resistente a las tentaciones secesionistas. Dicho sea por el portazo de ERC al Gobierno cuando este contaba para la convalidación del decreto de la nueva normalidad con los 13 diputados que pastorea Rufián. No los tendrá.
Tampoco son decisivos, pero el lance ayuda a reconocer a una fuerza política comprometida con sus propios sueños tribales, no con el bien común. Su desafección a la causa de la salud pública de todos españoles (no solo los censados en Cataluña) no se debe a un desacuerdo con las medidas del decreto-ley sino a una rabieta por el acercamiento del Gobierno a Ciudadanos.
Lo explicó la portavoz de ERC, Marta Vilalta. Su partido se siente decepcionado con Sánchez por haber negociado a bajo precio con el partido de Arrimadas. Mercantilización de la política, se llama eso.
