Savía fresco su discurso electoral, reacio a encamarse con populistas de Podemos y con independentistas catalanes, Pedro Sánchez daba un volantazo y descubría de repente "la enorme ilusión" que le causa el entendimiento de la izquierda. "Aunque tendremos que asumir algunas contradicciones", decía cinco minutos después de su apresurado abrazo poselectoral con Iglesias Turrión.
Algunas son de carácter ideológico, derivadas de la diferente procedencia de UP respecto a la del PSOE. Pero son otras las que suscitan mayor preocupación, incluso entre los propios votantes socialistas. Me refiero a las relacionadas con la cuestión de Cataluña y el acercamiento a ERC para que la abstención de sus 13 diputados hiciera posible la investidura. A cambio de que Moncloa abrazase la doctrina que apuesta por "devolver a la política lo que es un conflicto político, dejando atrás la vía judicial".
Son palabras del propio Pedro Sánchez, inspiradas en el deseo de romper el bloqueo y no el de romper España. Y además, exigidas por el hecho de que "no había otra mayoría posible". Lo que le llevó a descalificar a quienes reprobaron ese alineamiento "progresista" sobre el acuerdo inicial PSOE-UP.
Todo eso está en el sustrato informativo que desemboca en la inesperada filtración que sitúa a la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía General del Estado. El mensaje es demoledor ¿Es que el Gobierno piensa hacer tirabuzones con los dogmas civiles atribuidos a la función institucional de la Fiscalía, en nombre del "diálogo" con fuerzas que defienden la segregación de una parte del territorio nacional? Esos dogmas se contienen en la lista de funciones de la institución: velar por la independencia de los tribunales y promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
La fundada sospecha es que la aplicación de todo esto puede relativizarse en función de los compromisos adquiridos por el Gobierno Sánchez con ERC, condensados, como queda dicho, en ir suavizando la carga judicial de la llamada cuestión catalana. Y a eso parece responder el anunciado nombramiento de la hasta ahora ministra de Justicia como nueva fiscal general del Estado. Una noticia nada tranquilizadora, que se une a la impresión de que el Gobierno ha asumido ya el lenguaje y los marcos mentales del independentismo.
Sería muy deseable que en la rueda de prensa anunciada para este martes, después del primer Consejo de Ministros del nuevo equipo, Sánchez despejase estas dudas y desmintiera a quienes confunden la desjudicialización con una especie de vacaciones pagadas a los jueces en lo que se refiera a aplicar el Código Penal a los dirigentes nacionalistas ¿O realmente se trata de eso?
