La mitad de la gente puede tener siempre parte de razón. Y algunos tienen a veces la razón. Pero todos no pueden tener siempre toda la razón. Y ahí radica el error de todos los populismos: en presentarse ante el pueblo como los detentadores legítimos y permanentes de la razón más poderosa, las razones de la gente. El caso de la Manada constituye ya un ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo.
Desde mucho antes de que la Audiencia Provincial de Navarra hiciera publica su sentencia, desde determinados programas de televisión se ha venido bombardeando a los espectadores con noticias, opiniones, hipótesis y suposiciones sobre lo que paso en aquel maldito portal de Pamplona en la noche de San Fermín de 2016. Ninguno de los diletantes analistas y comentaristas televisivos pudo apreciar las pruebas, pero casi todos han venido dictando sentencia desde el minuto uno de los hechos. Sin duda han contribuido decisivamente al estado de furia de la gente una vez que el presidente del tribunal leyó la sentencia auténtica. Una sentencia que, para criticarla, como cualquier otra resolución judicial, no hacen falta conocimientos jurídicos, pero sí sentido común que, por desgracia, también ha faltado en muchos que enseguida salieron a la palestra de los medios de comunicación.
Porque no es verdad que llevemos conviviendo en España 23 años con una grave laguna legal a la hora de castigar los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Aquellos salvajes no se han ido de rositas para su casa: siguen entre rejas y han sido condenados a 9 años de prisión (un año menos que la pena prevista para el homicidio). Que la sentencia sea discutible -o, si se quiere, directamente equivocada- no constituye por fuerza un síntoma de fallo en nuestra legislación penal. Al contrario: el sistema procesal y constitucional dispone de suficientes mecanismos de reacción para rectificar y corregir esta sentencia, que no es la última palabra del caso, como ya escribí en La Región. Pero estas cosas no se dijeron a la gente que salió alarmada e indignada a la calle. Se ha confundido a los ciudadanos con declaraciones oportunistas que sólo han contribuido a la desconfianza en el sistema legal. Sin duda que alguna vez desde la judicatura no ayudamos con nuestras decisiones a esa necesaria confianza de los ciudadanos. Pero que la clase política, Gobierno incluido, en lugar de alentar con la ley en la mano la confianza en el funcionamiento del sistema judicial -que, insisto, aún no ha agotado su recorrido ni ha dicho la última palabra-, saliera a los medios con el mensaje de que ya mismo se va a estudiar cómo volver a retocar ¡por trigésima cuarta vez! el Código constituye la peor consecuencia imaginable de una errada sentencia.
Cualquier ciudadano puede criticar una resolución judicial, como he dicho. Pero no se puede incitar a rechazar una sentencia. La ley se critica, pero no se rechaza, porque detrás del rechazo no están las razones de la gente, sino una implacable jauría emocional.
(*) Magistrado del Contencioso en Madrid.
