La Xunta cree "incomprensible" el criterio de ayudas por el covid

La discrepancia entre la Xunta y el Gobierno central en torno a la cantidad que corresponde a Galicia de los fondos estatales para ayudas directas por los efectos del covid-19 recientemente aprobados aumenta día a día y amenaza con enturbiar las relaciones entre ambos ejecutivos. La diferencia asciende a algo más de 100 millones de euros que, según la Xunta, corresponderían a la Comunidad si se atendiera a los criterios que el Gobierno de Feijóo reclama atender. Así, en lugar de los 234 millones que destina el Gobierno Sánchez-Iglesias a Galicia, las ayudas deberían ascender, según el Ejecutivo autonómico a 340.

De hecho, la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, considera que el sistema fijado por el Estado para distribuir los fondos de las ayudas destinadas a autónomos y empresas es “injusto” y que los requisitos establecidos para concederlas son “incomprensibles”, con una gestión “muy compleja”. En declaraciones ayer a Radio Galega, Lorenzana, consideró que el Estado disponía de planes más simplificados en Galicia, que podía haber copiado, o en Italia, Francia y Alemania. Lorenzana apuntó que para intentar ayudar al tejido empresarial gallego, la Xunta trabaja para, en la medida de lo posible, poder utilizar un sistema semejante a los planes de rescate autonómicos, avanzando que se intentará adelantar el 80% del dinero de la ayuda concedida, sólo con la presentación de una declaración responsable.

El objetivo es poder aportar “una parte importante de liquidez en cuanto entre el dinero y, así, agilizar lo máximo posible todas las justificaciones que tienen que presentar los beneficiarios”, explicó.

Falta de diálogo

La conselleira criticó la falta de diálogo por parte del Gobierno central. “No se pusieron en contacto con Galicia para informarnos de cuáles serán los plazos para transferir el dinero y de cómo van a trasladar los datos que necesitamos las comunidades para proceder a la gestión de las ayudas”, apuntó. “Estamos a ciegas para poder dimensionar las ayudas, porque no sabemos las pérdidas de facturación de autónomos y empresas al no tener los datos tributarios”, matizó.

También lamentó que sólo puedan optar a estas ayudas los autónomos y empresas incluidas en las actividades económicas (Cnaes) establecidas por el Estado. Señaló, asimismo, que los autónomos por módulos no podrán percibir más de 3.000 euros de ayuda, con independencia de su estructura empresarial. “É un sistema injusto, porque un autónomo por módulos con más de un empleado puede percibir lo mismo que un autónomo sin trabajadores”, explicó. Por último, dijo que el Gobierno central no atendió ninguna de las reclamaciones hechas por las comunidades autónomas.

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, también criticó ayer el "desaire" del Gobierno central a los autónomos y pymes gallegas beneficiarios del fondo de ayudas postcovid, que recibirán, ha indicado, 100 millones menos "de lo que tendrían que recibir", con lo que con los 234 millones que recibirá se convierte "prácticamente en la comunidad que menos dinero va a recibir"..

"No lo entendemos", dijo Rueda a los medios, para quien "parece que primero se decide la cantidad en base a criterios que no son objetivos y luego se intenta revestir para hacer entendible lo que no tiene explicación".

El Gobierno usa el mismo criterio de asignación del fondo React EU

Hacienda explica que los criterios de reparto de los 7.000 millones son los mismos indicadores y con la misma ponderación que tienen en la asignación del fondo React EU. Así, los divide en dos compartimentos, uno de 5.000 milones euros, en el que se encuentran todas las autonomías salvo Canarias y Baleares, y un segundo, con 2.000 millones, en el que

están los archipiélagos.

Para el primer compartimento se tiene en cuenta el indicador de renta de cada comunidad y ciudad, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas. El indicador de renta de cada autonomía es la cifra resultante de dividir el peso relativo de cada entidad territorial en la caída del PIB de 2020 en relación con 2019 entre su respectiva prosperidad relativa, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional.

Dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de empleo, que considera la media ponderada entre el peso de la autonomía en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta final de ese ejercicio. Una novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años) que, análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la autonomía en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su aportación al incremento del paro juvenil registrado a lo largo del año en todo el país.

En cuanto al segundo compartimento de 2.000 millones de euros, su reparto se realizará de forma proporcional a su peso relativo en la caída en 2020 de los afiliados a la Seguridad Social en términos netos. Este indicador se medirá con la reducción del número medio anual de afiliados en alta entre 2019 y 2020, descontando el efecto del número de trabajadores en ERTE medios en 2020.