La Xunta deberá pagar 1,1 millones a Pescanova por el veto a Touriñán

El Tribunal Supremo condena a la Xunta a pagar 1,1 millones de euros a Pescanova por la anulación de la planta acuícola que el grupo pesquero quiso poner en marcha hace unos años en Cabo Touriñán, en un espacio protegido integrado en la Red Natura 2000.

El Supremo ve legal la decisión del bipartito -que gobernaba en Galicia por aquel entoces con Touriño a la cabeza- de impedir la factoría en Red Natura, aunque entiende que hubo perjuicio para la compañía y avala la cuantía tasada en su día por un informe pericial, que supera los 1,09 millones, casi 123.000 euros correspondientes a estudios ambientales, topográficos, analíticos, prospecciones y certificaciones y los otros 970.000 derivados de instalaciones técnicas en montaje.

No obstante, el TS rebaja en 8,2 millones las pretensiones de la multinacional viguesa ya que Insuiña, filial de Pescanova, había pedido más de 9,32 millones de euros. El Supremo rechaza la reclamación de la compañía ya que entiende que dicha instalación era "imposible de ser efectiva a la vista de la decisión sobre nulidad del planeamiento que la autorizaba, haciendo imposible la obtención de dichos rendimientos", según recoge la sentencia con fecha de 24 de febrero y recogida por Europa Press.

La Xunta aseguraba que no era aplicable el principio de la confianza legítima y que tampoco concurría uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial, el de la efectividad del daño.

No obstante, el TS desestima los recursos de casación interpuestos por ambas partes y la oposición a los mismos que se hacen por la contraria, lo cual, según indica, "determina que no proceda hacer concreta imposición de costas".

La sentencia confirma el fallo de 2012 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación con el plan aprobado en 2005, todavía con el popular Manuel Fraga al frente del Gobierno gallego, y que posteriormente impidió seguir adelante el Ejecutivo bipartito, liderado por el socialista Emilio Pérez Touriño, al detectar irregularidades en su tramitación.n