Opinión

Zapatero y Cataluña

Ahora está callado. Pero en la perspectiva global de las responsabilidades de cada uno de los agentes que aparecen involucrados en el inacabado proceso de deriva secesionista de Cataluña no se puede eludir la especialmente grave del que fuera presidente del Gobierno, ahora consejero de Estado José Luis Rodríguez Zapatero.
Los secesionistas colocan el punto de partida del levantamiento popular de Cataluña la reducción a que el Tribunal Constitucional sometió el proyecto de Estatuto de 2006, alumbrado bajo el paraguas protector del compromiso personal de Zapatero de aceptar el Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña como efectivamente hizo. Una de las evidencias que desmonta el mito, como tantas mentiras propaladas, de que la reforma del Estatuto era una demanda prioritaria de la sociedad catalana en los años 2000 fue la participación de alrededor del 49,4 por ciento de los vecinos de Cataluña con derecho a voto en el referéndum a que fue sometido el proyecto del 2006.
Bajo la presidencia de Zapatero se modificó el Código Penal, y se retiró del mismo lo previsto en el caso de convocar referendos ilegales, introducido en la etapa de Aznar para evitar que el PNV estuviera tentado a intentarlo en el País Vasco. Zapatero consideró que tal tipo de convocatorias no debería tener reproche penal.
Durante su largo mandato Jordi Pujol, además de gestar una fortuna, articuló el proceso de construir una sociedad centrada en promover la consideración de España como causa de todos los males de Cataluña a lo largo de la historia, aprovechando las ventajas de una autonomía de primera y la necesidad de los sucesivos gobiernos del apoyo de sus diputados para acciones esenciales. 
En ese proceso, tras el repliegue de la inicial acusación de que el principal problema de Convergencia i Unió era la mordida del 3 por ciento, emerge la figura de Pascual Maragall, ex alcalde de Barcelona, ex presidente de la Generalitat y dirigente del PSC, quien va a obtener de Zapatero la colaboración necesaria para reforzar la presencia de su partido en aquella comunidad, cumpliendo, cuando el PSOE gana las elecciones en 2004, sus promesas realizadas en la campaña electoral de dejar en manos del Parlamento de Cataluña establecer sin iniciales límites el marco de sus relaciones con España, con un estatuto prácticamente iguales a las de un estado independiente.
De Cataluña, amparados por las promesa de Zapatero mandaron un borrador de Estatuto que traspasaba holgadamente límites infranqueables del marco constitucional, como el propio ex presidente Felipe González denunció. En un acto de homenaje a Pujol, González dijo: “Algo tan serio como Cataluña no se inventa. Cataluña ya está inventada y cuando quiere construirse algo sólido debe hacerse respetando los cimientos”. 
En Cataluña recordaron a Zapatero que las promesas se cumplen y con toda naturalidad el Estatut superaba varias leyes orgánicas (competencia exclusiva del Congreso de los Diputados), se atribuía otras competencias del Estado en la Constitución, imponía el catalán como única lengua oficial y diseñaba un concierto especial como el del País Vasco. El texto pretendía blindar las competencias en manos del Gobierno catalán y reconocer el control autonómico de puertos y aeropuertos
Se comenzó a insistir en que Cataluña había demostrado que era una nación, aunque sin Estado, de la España plural, y fue tempranamente Zapatero quien se adelantó a Pedro Sánchez a concluir que España era “una nación de naciones” y que el propio concepto de nación era discutible y discutido. Es entonces cuando aparece en primer plano otro elemento esencial del proceso, Artur Mas, quien centrará la carga reivindicativa en el concierto económico en nombre de Convergencia i Unió. Ese será el caballo de batalla con que enfrentará años después a Rajoy, y al no obtenerlo se ejecutará el diseño de la hoja de ruta que compendiaba el diseño de Pujol, cuyos tramos hemos vivido en nuestros días.
Zapatero, tras el controvertido y contestado proceso de elaboración del Estatuto, y tras una negociación con Más, cedió en un punto esencial, incluir en el preámbulo de la definición de Cataluña como nación. Cataluña era reconocida como circunscripción electoral en el Parlamento Europeo al margen del resto de España, y otra serie de cesiones esenciales sobre el castellano como lengua oficial en todo el Estado.
El Estatuto fue recurrido, entre otros, por el PP y el defensor del Pueblo, además de las comunidades gobernadas por la derecha. El Tribunal Constitucional destacó la "ineficacia jurídica" del Preámbulo (donde constaba el término nación al referirse a Cataluña). Fueron declarados inconstitucionales 14 artículos y se reinterpretaron otros 27. Era el comienzo de un nuevo agravio: el 10 de julio se celebró una manifestación en Barcelona bajo el lema "Som una nació, nosaltres decidim".
Y así llegamos a nuestros días desde aquel 13 de noviembre de 2003, cuando el inconsciente Zapatero dijo: “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”. Y lo hizo. Ya vemos lo que vino después.

Te puede interesar