Borrell, Batet, Cunillera, Calvo, Ábalos, lo han venido haciendo durante los últimos días. Y el propio presidente, Pedro Sánchez, en larga distancia (viaje a Canadá), también acaba de alimentar el mantra del independentismo sobre el carácter "político" del conflicto catalán.
Vienen a expresar, con unas u otras palabras, con unos u otros enfoques, que no están cómodos viendo en la cárcel a Junqueras, Forn (trama política) y los 'jordis' (trama civil), que la culpa de todo la tiene el Gobierno del PP por haber judicializado el problema y que, si se retrasa la fecha del juicio, convendría indultar a los hoy procesados por presunta rebelión si en el futuro fueran condenados por el Tribunal Supremo.
¿Responde a una estrategia concertada? Es lo más probable. En vísperas de las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, clave de la continuidad de Sánchez en la Moncloa, no parece casual el encadenamiento de voces del Gobierno, todas ellas en forma de mensaje atento respecto a los líderes del nacionalismo catalán y desatento respecto a los jueces que ostentan la titularidad de un poder del Estado.
La consecuencia visible es que están sembrando la discordia en el bloque constitucionalista. Ya sabemos que no es mala excusa la de rebajar la tensión y eludir las continuas provocaciones de los dirigentes separatistas, encarcelados, huidos o a plena disposición de la causa. Lo malo es jugar con asuntos de mayor cuantía. Por ejemplo, la independencia del Poder Judicial o el derecho del Estado a su legítima defensa.
Ante retos de ese calibre, los partidos de inequívoca adhesión constitucional deberían hablar con una sola voz. Como hacen los independentistas al otro lado de la barricada. Cierto. Están de acuerdo en lo esencial: autonomismo superado, vamos hacia la república catalana con o sin ayuda del Gobierno. No se puede decir lo mismo del bloque constitucionalista, donde los recelos y la lucha por el poder envenenan las relaciones del PSOE en el poder con PP y Ciudadanos en la oposición.
Pero esto es lo que hay. Por una parte, un Gobierno socialista que pretende influir en el Tribunal Supremo para que dispense un trato más condescendiente a quienes están procesados por un presunto delito de rebelión contra el orden constitucional. Y por otra, un PP y un Ciudadanos que invitan a la ciudadanía a entender que la política del Gobierno Sánchez en Cataluña no es de apaciguamiento sino de rendición.
Lo cual es francamente peligroso. Pero es la lógica en la que nos encierra ese goteo concertado de voces desafinadas del Gobierno, que están causando serios desperfectos en dos dogmas civiles. Uno, el derecho del Estado a defenderse de quienes quieren reventarlo. Y dos, el principio de separación de poderes.
