El Consejo de Ministros aprobó ayer la Declaración de Emergencia Climática, un documento con 30 líneas de acción prioritarias para luchar contra el cambio climático y favorecer la salvaguarda del medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Una de las medidas estrella de este anteproyecto es que el Gobierno obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer una zona de bajas emisiones, una medida que afecta a 145 ciudades, entre ellas Vigo.
Esto significa que ya no será voluntario para los grandes municipios establecer su "Madrid Central" sino obligatorio, con el objetivo de reducir la contaminación de los grandes núcleos de población.
España se ha convertido así en uno de los países pioneros al aprobar una declaración de emergencia climática, con el compromiso de tomar acciones urgentes desde los primeros cien días de mandato del nuevo Ejecutivo de coalición, para hacer frente a este grave problema global.
Se trata de una medida cargada de simbolismo después de que el presidente, Pedro Sánchez, se comprometiera en su reciente discurso de investidura a situar la transición ecológica en primera línea del nuevo Ejecutivo.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido para los primeros cien días de mandato con acciones urgentes, como la remisión al Parlamento de la Ley de Cambio Climático y la definición de la senda de descarbonización para la neutralidad climática en 2050. También ha anunciado la creación de una Asamblea Ciudadana del cambio climático, que incluirá la participación de los jóvenes.
El Gobierno se compromete con un sistema eléctrico 100 % renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales neutro en emisiones y un sistema agrario no contaminante.
España se ha convertido así en uno de los países pioneros al aprobar una declaración de emergencia climática, con el compromiso de tomar acciones urgentes desde los primeros cien días de mandato del nuevo Ejecutivo de coalición, para hacer frente a este grave problema global.
Se trata de una medida cargada de simbolismo después de que el presidente, Pedro Sánchez, se comprometiera en su reciente discurso de investidura a situar la transición ecológica en primera línea del nuevo Ejecutivo.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido para los primeros cien días de mandato con acciones urgentes, como la remisión al Parlamento de la Ley de Cambio Climático y la definición de la senda de descarbonización para la neutralidad climática en 2050. También ha anunciado la creación de una Asamblea Ciudadana del cambio climático, que incluirá la participación de los jóvenes.
El Gobierno se compromete con un sistema eléctrico 100 % renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales neutro en emisiones y un sistema agrario no contaminante.
