El próximo miércoles 24 de julio se cumplen seis años del accidente ferroviario que supuso la muerte de 80 personas y que dejó a 144 heridos en el barrio compostelano de Angrois, al descarrilar un tren Alvia que circulaba con un exceso de velocidad por un despiste del maquinista en una línea que no disponía de un adecuado análisis de riesgos en su tramo final, donde aparece la primera curva tras un trayecto casi rectilíneo desde Ourense. Las responsabilidades penales siguen sin determinarse cuando ya han pasado casi 2.190 días del siniestro. Pero las apunta el juez en su auto de cierre de la instrucción (que fue recurrido por varias partes personadas en el caso) al mantener imputados al maquinista, Francisco Garzón Amo, y al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. En el ámbito judicial, la causa está pendiente del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre dichos recursos, que son un total de 10: uno de cada una de las defensas de los imputados y ocho en representación de víctimas.
En concreto, la plataforma de víctimas entiende que "también existe responsabilidad penal por parte de Renfe", ya que tenía constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva y "no actuó en consecuencia".
conclusiones del instructor
La investigación acumula miles de folios y el instructor la ha dado por concluida señalando las responsabilidades penales del maquinista, que aquel día tomó la curva de A Grandeira a más velocidad de la debida tras atender una llamada telefónica del interventor, y del exresponsable de seguridad de Adif, por un deficiente análisis de riesgos en la curva. La tesis es que, de haber hecho esa evaluación, Adif habría detectado el peligro y debería haber actuado para minimizarlo.
Mientras Garzón fue relegado a tareas de conservación de trenes, Cortabitarte continúa al frente de un puesto de libre designación en la entidad pública empresarial que a día de hoy preside la gallega Isabel Pardo de Vera.
A no ser que los magistrados de la Audiencia dictaminen lo contrario (y a expensas de que amplíen o no las imputaciones), ambos, Garzón y Cortabitarte, se sentarán en el banquillo de un juzgado de lo penal para responder por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave. De acuerdo con las previsiones del titular del juzgado número 3, habrá que esperar, al menos, hasta el año 2020 para que llegue ese momento.
En este contexto de compás de espera en lo judicial y tras el fiasco en lo político (la comisión de investigación del Congreso de los Diputados terminó sin siquiera comenzar a redactarse las conclusiones debido a la disolución de las Cortes), las víctimas del accidente y sus familiares recordarán lo sucedido y volverán a reclamar "justicia y verdad" el miércoles 24 de julio.
En este escenario, los afectados centran sus demandas en la investigación independiente de carácter técnico que Europa le ha instado a realizar a España sin éxito.
