Ni amenazas, ni desacato, ni desobediencia ni ruptura. Lo que se suponía que iba a ser la presentación de la hoja de ruta del desafío final al Estado en pro de la instauración de la república catalana volvió a ser un ejercicio dialéctico en el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, desgranó la lista de agravios cometidos contra los líderes del proceso independentista, encarcelados y huidos y el deseo del pueblo catalán de alcanzar su soberanía plena, aunque solo la mitad de ese mismo pueblo esté por la labor de participar en la movilización permanente que ha propuesto a los suyos.
Porque esa fue la única iniciativa que expresó y que concretó en los actos conmemorativos de los acontecimientos del mes de octubre del año pasado. Sobre el resto de las cuestiones nada nuevo envuelto en un discurso radical -pero menos que en otras ocasiones- sobre las maldades de una España que limita libertades y es un Estado fascista o parafascista -una apreciación que solo tienen los independentistas y que no comparte el resto de países del mundo occidental- junto a un ofrecimiento de diálogo que parte de la trampa de que es el propio Torra quien fija el punto de partida, que está muy alejado del que ha fijado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para quien el punto de llegada es un referéndum sobre un nuevo estatuto de autonomía que es lo que está previsto en la Constitución y las leyes.
Tras la anomalía ya significada de que la propuesta de Torra fuera realizada en un teatro, y no en el Parlament, que continúa cerrado, donde la oposición que representa a un porcentaje mayor de catalanes habría podido responder a su discurso, aumenta la certeza sobre las discrepancias internas en el seno del independentismo acerca de cual es el camino a seguir para conseguir sus objetivos. Por lo pronto el llamamiento de Torra a las movilizaciones callejeras son el principal motivo de preocupación por la evidencia de la fractura y las chispas que pueden saltar en cualquier momento entre la ciudadanía catalana, y sobre las que se deberá actuar y abordar como un asunto de orden público, mientras que ha puesto sordina al desacato a una sentencia condenatoria contra los líderes del ‘procés’ y al resto de iniciativas políticas con validez jurídica, que siguen sin producirse.
Por ese motivo las reiteradas peticiones de la oposición -PP y Ciudadanos- para que el Gobierno presione de nuevo el ‘botón nuclear’ del artículo 155 de la Constitución son prematuras dada la fuerza de sus consecuencias, y porque mientras haya apelaciones al diálogo aunque sea de sordos habrá una posibilidad mínima de alcanzar algún acuerdo.
El presidente de la Generalitat ha vuelto a dar muestras de que es el presidente de la mitad de los catalanes, de que las justificaciones de sus intenciones se reparten entre un cúmulo de falsedades e interpretaciones interesadas fácilmente rebatibles por los hechos y de que sus propuestas no pasan del emplazamiento al Gobierno a que mueva sus posiciones sin él alterar las suyas. Pero al menos hay un ligerísimo cambio de tono en su discurso que revela movimientos en aguas profundas del independentismo.
