Opinión

Torra, en la radio

En la primera entrevista que el presidente de la Generalitat concede a una radio de ámbito nacional fuera de Cataluña, Quim Torra ha declarado a Carlos Alsina (Onda Cero) que el problema de legalidad lo tiene España y no los promotores del desafío al orden constitucional. Como era previsible, fue incapaz de motivar tan extravagante acusación.
A partir de ahí, la esgrima del entrevistador solo sirvió para que Torra repitiese una y otra vez el consabido discurso separatista, reñido con la realidad, el sentido común, la historia, la Constitución, el derecho internacional y la voluntad de una mayoría de catalanes.
Todos los lugares comunes de ese discurso quedaron afectados por los dardos de la razón que Alsina lanzó hasta ponerlo en evidencia. Desde las apelaciones a un inexistente derecho de autodeterminación en Estados legítimamente constituidos hasta la valoración del juicio al `procés` como "una causa general contra el independendentismo".
No sirvió de nada. Erre que erre de un `president` programado para repetir hasta la saciedad que en España se persiguen las ideas y se encarcela a quien las defienden. Que él las defienda a todas horas sin que nadie le haya metido en la cárcel, como señaló el entrevistador, le destripó el argumento. Pero él puso la misma cara que ponen las vacas mirando el tren. Podría decirse que fue una conversación de besugos si no fuese porque eso igualaría a entrevistador y entrevistado. No sería justo, pues mientras uno utilizó la principal herramienta del periodismo, que es la pregunta, el otro se dedicó a repetir por enésima vez una manufacturada, archisabida e irracional narrativa.
Entretanto, el llamado conflicto catalán sigue condicionando la política nacional. Más que eso, sigue condicionando el quehacer de los tres poderes del Estado, como se ha visto durante las últimas horas con quinielas sobre el adelanto de las elecciones (no despejadas a la hora de escribir este comentario), el rechazo de los PGE en el Congreso y la marcha del juicio al `procés` en el Tribunal Supremo.
Todo ello bajo el peso de algo parecido a un chantaje. Me refiero al desafío independentista y el orden constitucional, reiterado estos días tanto en sede parlamentaria como en sede judicial. Y me refiero también a la ruptura del grupo de fuerzas teóricamente comprometidas con la defensa de la Constitución.
La resultante no puede ser más amarga: pierdan toda esperanza quienes confiaban razonablemente en un frente común de los partidos comprometidos con el Estado contra quienes pretenden reventarlo.

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