nnn El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reconoció ayer que desobedeció la orden de la Junta Electoral de no retirar los lazos amarillos y se proclamó víctima de un "juicio político" ante un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuya imparcialidad cuestionó. El TSJC dejó visto para sentencia el juicio por desobediencia contra Torra, para quien la Fiscalía pide una pena de año y ocho meses de inhabilitación por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos antes de las elecciones del 28A, un símbolo que, le ha recordado el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, no es "neutral" porque "no es compartido por la totalidad de catalanes".
Torra, que lucía un lazo amarillo en la solapa, se acogió a su derecho a contestar solo las preguntas de su abogado, Gonzalo Boye, ante el que admitió que incumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC), por considerarla "ilegal", al proceder de un órgano al que cree que un presidente de la Generalitat no debe obediencia jerárquica. A la pregunta de si cumplió la orden de la JEC, Torra fue taxativo: "No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía competencia".
rechazo a la Fiscalía y a vox
No aceptó el presidente catalán responder a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox y, a diferencia de su postura durante la instrucción del caso, se negó también a contestar a la Fiscalía, aduciendo que ésta solo es garante de los "intereses del Gobierno" desde que Pedro Sánchez aseguró que el ministerio público dependía del Ejecutivo. Además de una breve declaración a preguntas de su abogado, de apenas media hora, el primer presidente de la Generalitat en activo que se sienta en el banquillo aprovechó su derecho a la última palabra para lanzar un alegato político, en el que afirmó: "Si por defender los derechos de mis compatriotas he de ser condenado, bienvenida sea la condena".
El presidente se presentó como víctima de un "juicio político" que a su entender busca "cambiar el panorama político" de Cataluña, pero ha advertido de que su eventual condena por desobediencia no podrá cambiar el "destino" ni la "voluntad" del pueblo de Cataluña. "Este tribunal me puede condenar, sí, me podéis condenar, pero no cambiará la legitimidad de los que me eligieron. Me pueden condenar, sí, pero no cambiaréis en absoluto el compromiso que tengo asumido con el pueblo de Cataluña. Me pueden condenar, pero no cambiaréis la voluntad del pueblo de Cataluña. Me podrán condenar, ciertamente, pero no cambiaréis el destino de este país. La democracia gana siempre", exclamó. Además, Torra, finalizó su alegato ante los miembros del tribunal con un "Visca Catalunya Lliure" (Viva Cataluña libre).
Vox considera que el acusado se "regodeó" de su incumplimiento
El abogado de Vox Juan Cremades, que ejerció la acusación popular en el juicio contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, consideró que el mandatario catalán desobedeció las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos y que "no solo no cumplió, sino que se regodeó ante la opinión pública de su incumplimiento".
En su informe en el juicio, Cremades alegó que con las pruebas practicadas ha quedado demostrada la voluntad "manifiesta y pública" de Torra de incumplir los acuerdos de la JEC que le solicitaban que retirara símbolos independentistas de todos los edificios de la Generalitat en marzo, coincidiendo con el período electoral.
También cuestionó, como afirmó la defensa de Torra, que las órdenes de la JEC fueran de imposible cumplimiento dado el gran número de edificios de la Generalitat, porque "su consejero de Interior tardó menos de 24 horas en dar cumplimiento" a esas instrucciones el 22 de marzo. El letrado de Vox añadió que la JEC era competente para dar órdenes a Torra, "toda vez que Cataluña, a diferencia de otras comunidades" carece de una junta electoral autonómica al no tener tampoco una ley electoral propia.
Resaltó que actuó "vulnerando de forma manifiesta la obligación de los poderes públicos de mantener la estricta neutralidad política" en periodo electoral. Además, ha incidido en que Torra procedió "manteniendo su habitual pulso al Estado", por lo que pidió una multa de 72.000 euros y una inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años.
