El juzgado ejecuta las cuotas de las demandas perdidas por los hosteleros obligados al pago por la televisión
Las tasas que anualmente impone la Sociedad General de Autores y Editores a hosteleros de Vigo y su área por la difusión de sintonías a través del televisor instalado en el local y cuyo impago genera cientos de demandas judiciales, la mayoría perdidas por los locales, son una bofetada más para un sector especialmente castigado por la crisis sanitaria. Según ha podido saber este diario, algunos establecimientos se han encontrado con el embargo de cuentas por el juzgado para ejecutar el cobro de la tasa antes incluso de poder reabrir. “Llevo tres meses cerrado al público y me enfrento ahora a este pago que considero totalmente injusto”, explica José, dueño de un bar. Él asegura que “me cobran 600 euros cada seis meses simplemente por tener la televisión encendida y aunque lo que se han cobrado ahora no es mucho y es de 2019, es indignante tal y como lo estamos pasando”.
La lucha contra la SGAE por las cuotas establecidas afecta no sólo a establecimientos sino también a entidades. La propia Coral Casablanca mantiene su propio litigio en el Supremo. El presidente de la Fundación y abogado Ignacio Pérez Amoedo considera “indecente” que los hosteleros, con la situación que están sufriendo tengan que hacer frente a esas cuotas, si bien lo hace “con todas las reservas” si los embargos son ejecuciones judiciales. Como letrado cree que “los establecimientos tendrían derecho a demandar la devolución de la tasa correspondiente a los tres meses que han estado cerrados”.
La lucha contra la SGAE por las cuotas establecidas afecta no sólo a establecimientos sino también a entidades. La propia Coral Casablanca mantiene su propio litigio en el Supremo. El presidente de la Fundación y abogado Ignacio Pérez Amoedo considera “indecente” que los hosteleros, con la situación que están sufriendo tengan que hacer frente a esas cuotas, si bien lo hace “con todas las reservas” si los embargos son ejecuciones judiciales. Como letrado cree que “los establecimientos tendrían derecho a demandar la devolución de la tasa correspondiente a los tres meses que han estado cerrados”.
