Europa celebra hoy, 28 de enero, el día de la Protección de Datos, en esta ocasión con una petición expresa de Bruselas a todos los gobiernos de la UE para que aceleren los cambios que permitan aplicar, antes del próximo 25 de mayo de 2018, la nueva norma sobre protección de datos.
Víctor Piñeiro es un abogado vigués del despacho de Calixto Escariz que se ocupa de esta materia.
¿Por qué se vio la necesidad de cambiar la legislación?
La protección de datos es una situación que está evolucionando constantemente y lo hace por detrás de la sociedad. Había una normativa muy sencilla consecuencia directa de las directrices que mandaban de la UE. Con el auge de las nuevas tecnologías a nivel de redes sociales, contratación electrónica, comercio electrónico, se vio la necesidad de aumentar primero el control y en segundo lugar las posibilidades de acceso o los derechos que tenemos los ciudadanos en relación a los datos de carácter personal que ponemos a disposición tanto de las empresas como de las administraciones públicas. Por eso la Comunidad Europea aprobó la normativa en 2016, y tiene un plazo de transposición o de aplicación en España de dos años.
¿Que novedades destaca de la nueva normativa?
La principal novedad es que aumenta el poder de disposición que tiene el ciudadano de los datos personales que están en poder tanto de empresas como de instituciones públicas. Antes se nombraban mediante el acrónimo ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición) y ahora estos cuatro derechos se ven ampliados y matizados. Básicamente consiste en acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.
Damos nuestros datos en Facebook y no somos los dueños.
Personalmente yo no soy partidario de entrar en redes sociales en cuanto a publicación de la vida cotidiana. Es bastante habitual que los autodenominados gurús de las nuevas tecnologías, como el sucesor de Steve Jobs en Apple había recomendado a su sobrino que limitase o no estuviese en redes sociales. Es verdad que toda la información que volcamos en redes sociales llega un punto en que perdemos nuestra capacidad de control, sobre todo es paradigmático las fotografías que subimos a redes como Facebook, Twitter o Instagram. No tenemos ningún tipo de control, puede venir una persona que haga una captura de pantalla o que directamente se la descargue, y a partir de ahí el uso que esta persona puede realizar es libre. A nivel de buscadores siempre está la duda de que hacen con información que ha sido calificada como obsoleta o inveraz. A raíz de una sentencia comunitaria que se recoge en la nueva normativa surge la figura del derecho al olvido en el sentido de que nos podemos dirigir a estos buscadores, a estas entidades carácter tecnológico, para bloquear, suprimir o desindexar nuestra publicación o nuestros datos de carácter privado.
¿Pero si aceptamos las condiciones de Facebook o Instagram no podemos hacer nada?
Justamente desde el momento en que aceptamos sus condiciones, que es la casilla que casi nadie lee, estamos dando total libertad primero a la empresa mercantil, sea Facebook, Twitter o Instagram, de disponer de la información y de los datos personales que nosotros le ofrecemos incluyendo las fotografías. Estas empresas, bajo una supuesta apariencia de gratuidad de los servicios que nos prestan, están obteniendo beneficios ante terceras empresas mediante publicidad, relaciones con los anunciantes, con datos que les damos y que luego utilizan para darnos anuncios de lo que puede corresponder a nuestros intereses.
¿Llegan muchos casos a los juzgados en España? ¿Conocemos bien nuestros derechos?
Es una materia que está tomando mucha relevancia de un tiempo a esta parte. Era una gran desconocida, pero a raíz de noticias de prensa, resoluciones y la práctica cotidiana está adquiriendo mucha relevancia. Ahora mismo por una condena que tuvo un ayuntamiento de Valladolid por la inclusión de vecinos en un chat municipal de Whatsapp para comunicar actividades sociales, culturales y deportivas. Este ayuntamiento no requirió el consentimiento previo, fue a su base de datos y a partir de notificaciones de denuncias y de cualquier escrito cogió los teléfonos y los metió en su chat. Ahí la Agencia de Protección de Datos reaccionó en el sentido de que detectó que no cumplía la normativa. No hubo una condena al uso ni medidas correctoras, porque el ayuntamiento lo subsanó, pero hubo un toque de atención, incluir en el Whatsapp sin consentimiento es ilegal. A mayores hay asuntos como la inclusión de números de teléfono en páginas web, de datos personales, sin haber sido autorizados. Son aspectos que están cogiendo relevancia social y que se reflejan en la normativa.
¿Deberíamos formarnos más?
Sí, no somos conscientes del poder que tienen nuestros datos, de la información y del poder que estamos dando a empresas y administraciones públicas con datos personales de contacto a efectos de publicidad o mensajes de empresa a mi móvil que no hemos contratado, por una bola de nieve que va creciendo hasta que pones coto a ese uso.
¿Qué novedades habrá con respecto a los menores?
La nueva regulación sí que establece una novedad en el sentido de que adelanta a los 13 años la edad del consentimiento a los menores para el tratamiento de datos. Un mayor de 13 años podrá participar en un fichero que esté regulado y aceptado como tal por la Agencia Española de Protección de Datos. Con respecto a los menores hay otros problemas relacionados con la libertad de uso de las redes sociales que les damos o el uso que hacemos de la imagen de nuestros hijos. Empieza a coger relevancia si se pueden subir fotos a Facebook de menores y si un progenitor lo hace sin consentimiento del otro. Ya hay resoluciones judiciales que garantizan que el reparto de la imagen sea de común acuerdo.
