En 2013, en un alertado artículo sobre lo que se avecinaba, el profesor Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, escribía: “Hay algunos que piensan que la política soberanista de Artur Mas y colaboradores no es más que un señuelo para poder seguir esquilmando al Estado. Otros creen que lo que dice y hace el presidente Mas va en serio, y que el camino emprendido conducirá hasta la independencia”.
Decía este cualificado analista que cuando –durante la transición-se planteó la solución que había de darse para la mejor integración del País Vasco y Cataluña en el seno de España, se optó por la peor solución, inspirada en la Constitución de 1931 para organizar territorialmente el Estado. Este modelo, con Decreto-Ley de 1977 sobre el régimen electoral, sobredimensionó la representación de los partidos nacionalistas que se convirtieron, hasta el presente, “en partidos-bisagras, indispensables para la estabilidad de Gobierno central, lo que les confería poder suplementario”.
Y así, la pasividad o el descuido de los gobiernos centrales, especialmente en Cataluña el monstruo fue creciendo a costa del Estado y de la propia Constitución, en aspectos esenciales, borrado, hasta de modo simbólico la presencia de España y de sus símbolos o de la propia historia de Cataluña como parte de la misma.
Y en eso llegó Zapatero: en 2005 logró retirar del Código Penal que fuera delito convocar referendos ilegales, aspecto introducido por Aznar dos años antes. Esta medida habría de tener en el futuro decisiva importancia, como está a la vista. Luego, para hacer un favor a su amigo Maragall dijo aquello de “Aceptaré el Estatut que mande al Parlament de Cataluña”. Y lo mandaron. El famoso Estatut de 2006, era propiamente una Constitución que dotaba a Cataluña de Poder Judicial propio o negaba al Estado la capacidad de legislar para aquella comunidad en competencias no cedidas. La redacción de sus textos era tan minuciosa que no dejó cabo suelto en el sentido de borrar la presencia del Estado de Cataluña.
Pero la evidencia de que aquel Estatut no era una necesidad sentida ni prioritaria por el vecindario de Cataluña es que cuando fue sometido a referéndum la abstención fue del 50, 59 por ciento del censo (si bien caso el 74 por ciento de los votantes lo hizo a favor). Pero desde la Generalitat se repartieron subvenciones generosas a los medios de suerte que en 2009 todos los periódicos importantes de Cataluña publicaron un mismo editorial para exigir al Constitucional que respetase la integridad del Estatut de 2006.
Y es en ese momento, cuando en 2010 el Constitucional mete mano al disparatado texto de 2006, cuando se considera que se inicia el proceso que llega a nuestros días, obviando episodios intermedios como el anuncio de Mas de que va a poner en marcha un proceso que será la respuesta a la negativa de Rajoy de dotar a Cataluña de un pacto fiscal como el vasco.
El Estatut de 2006 era minuciosísimo a la hora de utilizar los resortes necesarios para desmontar la aplicación de las competencias del Estado en Cataluña, a lo largo de 223 artículos, de modo que se privaba al Estado de legislar para aquella región sobre competencias no cedidas. Dado que el nacionalismo catalán apuntaba que los recortes y supresiones que introdujo el Constitucional en el Estatut de 2006, dejaban a este sin efecto, en uno de los vaivenes de Padro Sánchez sobre Cataluña llegó insinuarse que las competencias anuladas podrían reponerse, tras una negociación política, “mediante leyes orgánicas puntuales”, cosa que hoy ya no se dice.
Pero es evidente que el arranque del proceso que ahora solventa, en parte al menos, la sentencia del Tribunal Supremo, se sigue invocando por parte del independentismo que en 2010, se privó a Cataluña de un elemento esencial para su autogobierno y que su reforma precipitó todo lo que vino después hasta nuestros días.
Sobre todo, el proceso se proyectan los errores de Zapatero, primero, despenalizando la convocatoria misma de referendos ilegales, y sobre todo, apadrinando el Estatut de 2006, cuya peripecia alcanzará nuestros días, y que sigue siendo invocado por los independentistas, como punto de partido del memorial de agravios que precipita la decisión de reclamar el ejercicio del derecho a la autodeterminación y en consecuencia la declaración unilateral de independencia.
Ahora, mientras unos perseveran de que tienen más razones para alcanzar la independencia, para ellos irrenunciable; otros dicen que hay que abrir un diálogo, pero no dicen sobre qué se proponen dialogar o que van a ofrecer a quienes tienen claros sus objetivos.
Decía este cualificado analista que cuando –durante la transición-se planteó la solución que había de darse para la mejor integración del País Vasco y Cataluña en el seno de España, se optó por la peor solución, inspirada en la Constitución de 1931 para organizar territorialmente el Estado. Este modelo, con Decreto-Ley de 1977 sobre el régimen electoral, sobredimensionó la representación de los partidos nacionalistas que se convirtieron, hasta el presente, “en partidos-bisagras, indispensables para la estabilidad de Gobierno central, lo que les confería poder suplementario”.
Y así, la pasividad o el descuido de los gobiernos centrales, especialmente en Cataluña el monstruo fue creciendo a costa del Estado y de la propia Constitución, en aspectos esenciales, borrado, hasta de modo simbólico la presencia de España y de sus símbolos o de la propia historia de Cataluña como parte de la misma.
Y en eso llegó Zapatero: en 2005 logró retirar del Código Penal que fuera delito convocar referendos ilegales, aspecto introducido por Aznar dos años antes. Esta medida habría de tener en el futuro decisiva importancia, como está a la vista. Luego, para hacer un favor a su amigo Maragall dijo aquello de “Aceptaré el Estatut que mande al Parlament de Cataluña”. Y lo mandaron. El famoso Estatut de 2006, era propiamente una Constitución que dotaba a Cataluña de Poder Judicial propio o negaba al Estado la capacidad de legislar para aquella comunidad en competencias no cedidas. La redacción de sus textos era tan minuciosa que no dejó cabo suelto en el sentido de borrar la presencia del Estado de Cataluña.
Pero la evidencia de que aquel Estatut no era una necesidad sentida ni prioritaria por el vecindario de Cataluña es que cuando fue sometido a referéndum la abstención fue del 50, 59 por ciento del censo (si bien caso el 74 por ciento de los votantes lo hizo a favor). Pero desde la Generalitat se repartieron subvenciones generosas a los medios de suerte que en 2009 todos los periódicos importantes de Cataluña publicaron un mismo editorial para exigir al Constitucional que respetase la integridad del Estatut de 2006.
Y es en ese momento, cuando en 2010 el Constitucional mete mano al disparatado texto de 2006, cuando se considera que se inicia el proceso que llega a nuestros días, obviando episodios intermedios como el anuncio de Mas de que va a poner en marcha un proceso que será la respuesta a la negativa de Rajoy de dotar a Cataluña de un pacto fiscal como el vasco.
El Estatut de 2006 era minuciosísimo a la hora de utilizar los resortes necesarios para desmontar la aplicación de las competencias del Estado en Cataluña, a lo largo de 223 artículos, de modo que se privaba al Estado de legislar para aquella región sobre competencias no cedidas. Dado que el nacionalismo catalán apuntaba que los recortes y supresiones que introdujo el Constitucional en el Estatut de 2006, dejaban a este sin efecto, en uno de los vaivenes de Padro Sánchez sobre Cataluña llegó insinuarse que las competencias anuladas podrían reponerse, tras una negociación política, “mediante leyes orgánicas puntuales”, cosa que hoy ya no se dice.
Pero es evidente que el arranque del proceso que ahora solventa, en parte al menos, la sentencia del Tribunal Supremo, se sigue invocando por parte del independentismo que en 2010, se privó a Cataluña de un elemento esencial para su autogobierno y que su reforma precipitó todo lo que vino después hasta nuestros días.
Sobre todo, el proceso se proyectan los errores de Zapatero, primero, despenalizando la convocatoria misma de referendos ilegales, y sobre todo, apadrinando el Estatut de 2006, cuya peripecia alcanzará nuestros días, y que sigue siendo invocado por los independentistas, como punto de partido del memorial de agravios que precipita la decisión de reclamar el ejercicio del derecho a la autodeterminación y en consecuencia la declaración unilateral de independencia.
Ahora, mientras unos perseveran de que tienen más razones para alcanzar la independencia, para ellos irrenunciable; otros dicen que hay que abrir un diálogo, pero no dicen sobre qué se proponen dialogar o que van a ofrecer a quienes tienen claros sus objetivos.
