Sindicatos de la Justicia gallega señalan represalias de la Xunta

Acompañados de los diputados Luis Villares (En Marea) y Luis Bará (BNG), representantes de los tres sindicatos que no firmaron el acuerdo para finalizar el conflicto de la administración gallega de Justicia (STAJ, CIG e CUT) convocaron a los medios para alertar de supuestas represalias por parte de la Xunta contra algunos de sus miembros.
En concreto, hablan de dos denuncias por coacciones en las Fiscalías de Pontevedra y A Coruña durante las negociaciones para firmar un acuerdo. También mencionaron que existen diligencias de investigación en Vigo, que según ellos no son públicas todavía. Según uno de los investigados, Enrique Araújo, del sindicato STAJ, se trata de una “estrategia de la Xunta para aplastar un movimiento reivindicativo justo”, y también hay funcionarios investigados a modo de represalia.
Los diputados Villares y Bará señalaron la actuación de la Xunta, a quien según el líder de En Marea “beneficia el entorpecimiento del sistema judicial”. Villares también se refirió a un intento de evitar el “efecto llamada” que animaría al resto de administraciones públicas a reivindicar sus derechos. Por su parte, Bará denunció que el Partido Popular prefiere “un sindicalismo dócil” y remarcó la colaboración imprescindible de la Fiscalía para “alimentar la estrategia del miedo de cara a otros sectores de la administración”.
También se denunció la actuación del resto de sindicatos que sí firmaron el acuerdo para desconvocar la huelga, los cuales consideran que son sindicatos dóciles “que van a hacer lo que la Xunta quiera” y que por causa de esto “el conflicto está mal cerrado y la Xunta lo sabe”, de acuerdo con Chelo Rodríguez, de la CIG.