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Cinco primeras denuncias por deportación a un campo nazi

Las cinco denuncias presentadas ayer ante el Consulado de Argentina en Vigo.
photo_camera Las cinco denuncias presentadas ayer ante el Consulado de Argentina en Vigo.
"Eran españoles, no apátridas", señalan los promotores, que se unen a una querella argentina por crímenes de la Guerra Civil

Tal y como habían anunciado el día anterior, familiares y representantes de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentaron en el consulado de Argentina las primeras cinco denuncias sobre españoles que fueron deportados a campos de concentración nazis, para unirlas a la querella que se tramita en ese país por crímenes vinculados a la Guerra Civil y al franquismo. Según explicó la investigadora María Torres, se trata de cinco gallegos que, tras la Guerra Civil, acabaron en campos de confinamiento en Francia y que, posteriormente, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cayeron prisioneros del régimen nazi que, "con la connivencia de la dictadura franquista", lo deportó a campos de concentración, violando la Convención de Ginebra.
Torres explicó que hay constancia documental de una reunión mantenida en 1940 entre Hitler, Himmler y el entonces ministro de la Gobernación franquista, Serrano Suñer, a partir de la cual el régimen nazi comenzó a deportar a los prisioneros `rojos` españoles a campos de concentración. "Les dijeron que hicieran con ellos lo que quisieran".

Ésa fue la suerte que habrían corrido 15 vigueses, entre ellos Domingo Castro Molares, que acabó en Mauthausen y Arturo González Bastos, a Neunengamme. Otros, como José Ferradás Pastoriza, de Bueu,  fue deportado a Mauthausen; Ramón Garrido Vidal, de O Grove, a Dachau; y Francisco Pena Romero, de Boiro, acabó en Mauthausen.
La ARMH ha documentado al menos 193 casos de deportados gallegos que acabaron en campos de exterminio nazis, de los que 41 eran de la provincia de Pontevedra y 15 de la ciudad de Vigo. El objetivo de unir estas denuncias a la conocida como querella argentina, que instruye la jueza María Servini, no es otro que "obtener justicia", poder "reconstruir la vida" de estos represaliados y "humanizarlos". Muchos de estos deportados combatieron antes en el ejército republicano y se vieron obligados a abandonar España para acabar en campos de confinamiento franceses. Desde allí, una gran parte de ellos ingresó en las compañías de trabajadores extranjeros y acabaron construyendo fortificaciones como la línea Maginot, antes de caer prisioneros de los nazis. "No hay supervivientes, no se puede localizar en todos los casos a las familias, y todo es lento", resumió María Torres las dificultades de sus tres años y medio de investigación. Todo ello para "obtener justicia" y "un reconocimiento institucional" porque estas personas "no eran unos apátridas. 

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