n n n El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, pidió ayer “a todos los partidos políticos y agentes sociales” que apoyen la “intervención inmediata” de la planta por parte del Estado, para evitar el despido de más de medio millar de trabajadores y el desmantelamiento del complejo industrial dedicado a la producción de aluminio primario. “Pedimos a todos los partidos políticos y agentes sociales que apoyen la propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno -Pablo Iglesias- para una intervención inmediata de la fábrica”, dijo Zan después de participar en la comisión cermanente del comité de empresa, que se reunió ayer en San Cibrao para analizar el anuncio que hizo el jueves la dirección de la multinacional, que contempla el despido de 534 trabajadores.
Esa comisión permanente también se reunía para aprobar un calendario de movilizaciones, aunque el presidente del comité precisó que “habrá que esperar”, al menos hasta la semana que viene, para reactivar las protestas, como consecuencia de las restricciones impuestas por el estado de alarma.
posición del gobierno
El Gobierno espera recuperar la tramitación del estatuto electrointensivo "a la mayor brevedad posible", una vez la evolución de la pandemia permita destinar los recursos y la capacidad necesaria, sobre todo para solucionar los despidos anunciados por la empresa. Así lo avanzó la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, en el que admitió que al Ejecutivo le hubiera gustado contar ya con el estatuto aprobado.
Sin embargo, pese a que la norma ya estaba "muy avanzada", la llegada del covid-19 al país interrumpió su tramitación el pasado mes de marzo, aunque señaló que el sector ya conoce las premisas sobre las que se está trabajando.
Alcoa abrió el jueves un periodo informal de consultas para el despido colectivo de un máximo de 534 empleados de su planta de aluminio primario de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), justificándolo en su producción "ineficiente" y situación "insostenible". Montero manifestó que se trata de una decisión de la empresa que se suma a los ajustes que ya venía realizando en los últimos años -en 2018 anunció el cierre de sus plantas en A Coruña y Avilés (Asturias)-, por lo que le pidió que reconsidere esta decisión, en línea con la petición trasladada por parte de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Esta última reiteró su llamamiento a la "corresponsabilidad" a la dirección en España de Alcoa. En una entrevista en la Cope, Maroto insistió en que Alcoa no pretende cerrar la planta de Lugo, sino reducir la capacidad productiva de la planta de aluminio primario. La ministra señaló que hay una negociación abierta sobre esos planes de la empresa y advirtió de que en los últimos años ha habido una inversión de 38 millones de euros en esa fábrica "con la condición de mantener el empleo". n
