Los narcos gallegos han tratado siempre –y por lo general, logrado- trasladar la estructura de sus organizaciones criminales al anterior de las prisiones donde son recluidos, creando una red clientelar con los presos más violentos y peligrosos que con convierten en su propio anillo de protección con la propia colaboración de sus abogados. Al famoso e irredento Sito Miñanco acaban de encontrarle 6.000 euros en efectivo al ser ingresado en prisión, que fueron decomisados, ya que los detenidos o penados no pueden manejar efectivo, y menos en esas cantidades, dentro de la cárcel.
Pero lo increíble es que el Estado permita (o haya permitido) por otros medios, que estos delincuentes se monten su propia seguridad en presidio En noviembre de 1992, en uno de sus ingresos en prisión, el Juzgado de Vigilancia Penitenciara de entonces ratificó una resolución de un Juzgado de Badajoz “considerando que es no era ilegal” que el narcotraficante y ex contrabandista José Ramón Prado Bugallo, “Sito Miñanco” entregara, a través de sus abogados, dinero a otros recursos “para garantizar su seguridad dentro de la prisión”. O sea, que no correspondía al Estado responder del resguardo de todos los reclusos, sino que el que pudiera podía montarse su propia escolta. Y así fue.
El 3 de diciembre de 1983, el programa “La Clave”, que dirigía José Luis Balbín, se dedicó al contrabando de tabaco y sus efectos. Yo fui, como periodista que seguía este asunto, invitado a participar en el coloquio. Recuerdo que argumenté entonces que las organizaciones contrabandistas habían creado una red muy bien asentada, cuya estructura estaba lista para pasar del tabaco a los estupefacientes, como lamentablemente ocurrió. Es decir, que era capaz de introducir fraudulentamente en el país cualquier género. El contrabando fue la punta de lanza de otros fenómenos conexos: tráfico de divisas, corrupción de funcionarios y guardias civiles y extensión de la impunidad. Los narcos gallegos llegaron a tener a su servicio no sólo puestos enteros de la guardia civil, altos cargos de Aduanas, y hasta al hijo de un magistrado del Tribunal Constitucional.
Otro de los contertulios de aquel programa era el abogado Pablo Vioque, secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía y defensor de los contrabandistas y narcos. Me contó que su tarifa, año 1983, por cada delincuente que lograba poner en libertad era de 500.000 pesetas de la de entonces. La misma noche del programa, Vioque –que acabaría sus días convertido él mismo en un capo de la droga- fue llamado urgentemente por sus clientes porque Hacienda y la Guardia Civil había puesto en marcha una gran operación contra el contrabando industrial. Todo acabaría en agua de borrajas gracias a la entrada de España en la Unión Europea. Inicialmente, los contrabandistas trasladaron sus infraestructuras al Norte de Portugal, donde alojaron sus embarcaciones y lanzaderas.
El tabaco que llegaba a Galicia lo hacía generalmente vía Estados Unidos-Holanda y desde aquí a la costa gallega. Cuando España entra en la Unión Europea, dado que al cambiar las leyes se aplican éstas si son beneficiosas sobre la situación anterior a quienes afectan, desapareció el delito de contrabando, y se convirtió en un trasiego de mercancías dentro de la Unión. Pero subsistían otros delitos conexos, como movimiento ilegal de capitales y todos los demás que rodeaban a la actividad principal. Los contrabandistas tuvieron siempre el santo de cara: cuando su negocio era simplemente una falta administrativa, se libraban de pagar las multas, declarándose insolventes; y cuando ya fue delito pudieron escaparse prácticamente con la misma facilidad, hasta que se pasaron al narcotráfico.
El poder y la influencia de los contrabandistas y narcos queda reflejado en un episodio que afectó al propio actual presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, quien se vio en un serio compromiso: Habían trasladado al Hospital Xeral de Vigo al vástago de una de estas mallas, gravemente herido en un ajuste de cuentas, y Santalices, a la sazón administrador del dicho hospital se vio obligado a impedir que un equipo médico de la Universidad de Navarra irrumpiera por su cuenta para tratar al herido ,contratado por su padre, invadiendo la responsabilidad de los médicos de un hospital público a quienes corresponde la custodia de sus pacientes.
Los narcos no se arrepienten, al contrario, persiste como es el caso de “Sito Miñanco”. Curiosamente, varios de ellos tienen hijos abogados que se integran en el sistema de defensa de sus padres e intento de recuperación, en su caso, de los bienes incautados, como ocurre con las hojas de Laureano Oubiña que pelean por recuperar el famoso pazo Baión, por decir que al menos la mitad es herencia de su madre, fallecida en un accidente de tráfico. Asombrosamente, la revista de frivolidades “Vanity Fair” publicó una entrevista como si fuera un personaje, donde este delincuente arremete contra el propio sistema judicial y carcelario del que se presenta como una víctima, acusando al Estado de tener montado un negocio con las propias cárceles.
