La oposición retira su moción sobre el polígono de Amoedo

Pazos de Borbén vivió ayer una intensa sesión plenaria.
photo_camera Pazos de Borbén vivió ayer una intensa sesión plenaria.

Renunciaron a su votación porque incumplía la ley y pidieron un comisión para su estudio

Pazos de Borbén vivió ayer un intenso pleno municipal. En la palabras de su alcalde, Andrés Iglesias, fue “un esperpento político sin precedentes”. En convocatoria extraordinaria se debatió el principio de acuerdo alcanzado entre los grupos de la oposición y la comunidad de montes de Amoedo para la resolución del conflicto por el polígono industrial. La moción fue finalmente retirada por la propia oposición al comprobar que incumplía la legalidad y el mandato judicial que resolvió el conflicto en 2015.
“Es el mayor ridículo político que recuerdo”, explicó Iglesias tras el pleno. “Este es el nivel de los grupos de la oposición que ahora mismo tienen la mayoría en el Concello, anuncian a bombo y platillo que van a resolver un conflicto que ya resolvió el juez hace años”. Para el regidor, esta actuación “convirtió el pleno municipal en un teatro”.  La sesión, que contó con abundante presencia vecinal, comenzó con la lectura del informe de secretaría-intervención municipal que fue comunicado a los concejales la pasada semana. Un informe recogía el informe desfavorable a “un convenio manifiestamente ilegal, contrario a la normativa y a la sentencia judicial”. Tras la lectura del informe, especialmente duro en la parte en la que se reflejaban las posibles penas de cárcel derivadas de estas acciones, los grupos de la oposición solicitaron no votar su propia moción y pedir la creación de una comisión que estudie las posibles vías de solución al conflicto. “Estamos abiertos a buscar soluciones que beneficien a ambas partes”, explicó Iglesias.
El conflicto por el polígono industrial de Amoedo, conocido como “Chan de Amoedo”, comenzó en 2009 y concluyó en 2015 sentenciando que los terrenos pertenecen a la comunidad de montes, pero que el Concello, tras urbanizar y acondicionar, disponía de un derecho de retención cuantificado en 509.000 euros que, como recoge la sentencia, deberá ser satisfecho antes de la subrogación de los terrenos, que aún no se ha hecho.

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