La confrontación política que semana a semana se va adueñando de la crisis sanitaria subió ayer otro peldaño, impulsada por la investigación judicial sobre la manifestación feminista del 8M y su posible incidencia en los contagios y la destitución por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, que hizo el informe para esa investigación a petición de la juez que investiga la gestión del Gobierno, a la que siguió ayer la dimisión del número dos del instituto armado, Laurentino Ceña.
La oposición pide la renuncia de Marlaska, al que Vox asegura que quiere ver "engrilletado", sobre todo después de que el ministro haya desvinculado la destitución del mando de la Guardia Civil de la investigación judicial, y tras anunciar un plan de reestructuración y una subida salarial de 240 millones a guardias civiles y policías, vinculada a su equiparación con los agentes autonómicos.
Pedro Sánchez y sus ministros deben capear de nuevo otra tormenta, después del polémico pacto con EH Bildu para derogar la reforma laboral. Marlaska compareció ante los medios como si todo estuviera programado y lo ocurrido fuera mera coincidencia, incluido el anuncio del pago pendiente de 240 millones de la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los agentes autonómicos.
Investigación judicial
A renglón seguido, el titular de Interior intentó desvincular la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos del informe judicial sobre las manifestaciones del 8M y el brote de coronavirus, que han llevado a la juez Carmen Rodríguez Medel a citar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, el gallego José Manuel Franco. La titular del juzgado número 51 de Madrid, que lleva el caso, advirtió en una carta remitida a Interior que adoptará medidas si descubre que el cese es una intromisión en una investigación de la que forma parte el informe de la Guardia Civil que concluye que a partir del 5 de marzo no debió celebrarse ninguna manifestación y que las autoridades sanitarias tenían un "profundo conocimiento" de los riesgos.
La destitución de De los Cobos ha propiciado la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, que será sustituido por Pablo Salas Moreno, cambio que Marlaska dijo que estaba previsto, puesto que el dimitido se jubilaba a principios de junio, y que forma parte de la renovación de los cargos de confianza y el impulso de un nuevo proyecto, que incluye la inversión de 600 millones en infraestructuras policiales.
El PP, Ciudadanos y Vox pidieron la dimisión “inmediata” de Marlaska, justo la víspera de que comiencen los diez días de un luto oficial, que el líder popular viene reclamado, Pablo Casado, desde hace muchas semanas y que Sánchez ha retrasado hasta que todas las comunidades estuvieran en la fase 1 de la desescalada.
Vox exigió la dimisión del titular de Interior, que a su juicio muestra "soberbia" y "falta de escrúpulos", arrastra "traumas y complejos" y al que espera ver "engrilletado" por su "ilegítima intromisión" en el Poder Judicial. Así lo puso de manifiesto la secretaria general de Vox en la Cámara y portavoz de Interior de esta formación, Macarena Olona.
Por su parte, la portavoz del Grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, aseguró. en un escueto comentario a través de su cuenta oficial de Twitter, que "Fernando Grande-Marlaska debe dimitir. Punto".
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, calificó de "infamia intolerable" el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, "un hombre de honor", y recalcó que esta decisión evidencia que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez aplica "mano de hierro a la hora de fulminar a todo el que le estorba en sus planes totalitarios".
El dirigente de Ciudadanos y portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, reclamó la destitución del titular de Interior por el "inmenso daño" que, a su juicio, está causando a las instituciones.
El informe concluye que no se debieron de autorizar manifestaciones desde el 5 de marzo
El informe de la Guardia Civil sobre la la manifestación del 8 de marzo por que el que supuestamente fue destituido el jefe de la Comandancia en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, concluye que a partir del 5 de marzo no debió celebrarse ninguna manifestación o concentración en Madrid. El informe remitido a la juez que investiga si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, incurrió en prevaricación al no prohibir la manifestación con motivo del Día de la Mujer sostiene que los responsables sanitarios tenían un "profundo conocimiento" de los riesgos de transmisión del covid-19 en los días anteriores al 8M.
Dicho documento indica que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraron en Madrid 130 reuniones o manifestaciones sin que la Delegación del Gobierno planteara ninguna objeción y otras 35 fueron desconvocadas.
El ejemplo más paradigmático para los investigadores tiene que ver con un congreso evangelista en Madrid, previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo con un aforo estimado de entre 5.500 personas. Dicho evento, asegura el informe, fue "cancelado por motivos sanitarios" el 6 de marzo "tras haberse celebrado reuniones con responsables de Sanidad que habrían desaconsejado la celebración". Para los investigadores llama la atención que el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, manifestara un día después que "se puede ir sin peligro al acto central del 8M y, sin embargo, prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista".
