Un informe cita ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sus ministros del Interior y Defensa, y los altos mandos militares, policiales y de inteligencia son considerados entre los responsables de violaciones de los derechos humanos tan graves que, en ciertos casos, constituyen crímenes contra la humanidad.
Una Misión Internacional que recibió de la ONU el encargo de investigar la situación en Venezuela apuntó ayer de manera explícita la responsabilidad de algunos de los más altos cargos políticos del país en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Los detalles se exponen en un informe de 411 páginas que será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo día 23.
Según la investigación, los crímenes más comunes cometidos por las fuerzas de seguridad desde 2014 han sido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, dirigidas a tres grupos en particular: manifestantes, ciudadanos opositores o percibidos como tales y supuestos delincuentes.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que la Misión que dirigió -compuesta por otros dos miembros y un equipo técnico de apoyo- revisó 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos "cometidos por las fuerzas de seguridad, y que podemos considerar ejecuciones extrajudiciales".
Por su parte, el comisionado Francisco Cox Vial precisó en una rueda de prensa virtual con periodistas en Ginebra que la Misión recibió información de diversas fuentes que daban cuenta de 3.479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas.
Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Una Misión Internacional que recibió de la ONU el encargo de investigar la situación en Venezuela apuntó ayer de manera explícita la responsabilidad de algunos de los más altos cargos políticos del país en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Los detalles se exponen en un informe de 411 páginas que será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo día 23.
Según la investigación, los crímenes más comunes cometidos por las fuerzas de seguridad desde 2014 han sido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, dirigidas a tres grupos en particular: manifestantes, ciudadanos opositores o percibidos como tales y supuestos delincuentes.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que la Misión que dirigió -compuesta por otros dos miembros y un equipo técnico de apoyo- revisó 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos "cometidos por las fuerzas de seguridad, y que podemos considerar ejecuciones extrajudiciales".
Por su parte, el comisionado Francisco Cox Vial precisó en una rueda de prensa virtual con periodistas en Ginebra que la Misión recibió información de diversas fuentes que daban cuenta de 3.479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas.
Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
