Ninguna persona u organismo debiera poder restringir la libertad de otras personas. Soy muy escrupuloso, por tanto, frente a cualquier injerencia que el propio Estado o cualquier administración pública pueda ejercer en contra de la total libertad de sus ciudadanos. Por tanto, podría llegar a plantearme que el cierre total del ocio nocturno en la comunidad gallega, que se hizo efectivo a partir de la noche del pasado domingo al lunes, sea un atentado a las libertades individuales, al derecho de reunión y de empresa. Pero un planteamiento tan liberal como el descrito no resulta necesariamente incompatible con que el Estado, dentro de sus mínimas competencias, intervenga para defender a las personas frente a las posibles agresiones que otras puedan cometer en su contra. Estamos, por tanto, ante dos planteamientos que, de inicio, pueden entrar en conflicto. Por un lado, la libertad de circulación y reunión de unos y, por otro, la defensa de otros frente a las agresiones que la actitud de los primeros puedan originar.
Ante cualquier agresión, física, por poner un ejemplo, las personas tenemos el derecho de actuar en legítima defensa. El Estado y la Justicia, además, deben de velar porque los daños ocasionados sean reparados y la actitud del agresor, penalizada. Pero, ¿cómo castigar a quien, voluntariamente o por no guardar las suficientes medidas de seguridad, contagie de una enfermedad mortal a otra? Podría llegar a hacerse, claro que sí, pero el problema radica, fundamentalmente, en la imposibilidad material de responsabilizar individualmente a quien haya actuado con tal negligencia, por ejemplo, en un local de ocio nocturno frecuentado por multitud de gente. También resultaría imposible demostrar que el contagio se haya producido en la discoteca o minutos antes, digamos, en el transporte público que se haya utilizado para llegar a la misma.
El clamor del sector de ocio en toda España se ha levantado en contra de la aprobación del cierre de los locales de ocio nocturno que previamente había instaurado en Galicia el gobierno de Núñez Feijóo. La patronal, que ya daba por perdida la temporada, reclama ayudas y anuncia con llevar a los tribunales la medida del Gobierno central y las Comunidades. Quizá estén pagando justos por pecadores y pudieran existir otras alternativas menos drásticas, pero cualquiera ha podido comprobar, presencialmente, que gran parte de los locales y clientes no han sido del todo responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, demostrado por las altas tasas de contagio en la población más joven y que más acude a este tipo de locales. El nivel de contagios que esperábamos en septiembre ya lo tenemos aquí y hay dos opciones, o bien aceptamos que la gente actúe despreocupándose de contagiar a otros (y es en este tipo de locales donde la desinhibición es más evidente) o buscamos alternativas para proteger las libertades de los demás.
