Hay dos aspectos con relación a la llamada “Ley de la Memoria Histórica”, su desarrollo y la ahora anunciada “Ley de Memoria Democrática” que me afectan directamente de forma profunda: el propio caso de mi abuelo, ferroviario ugetista, que estuvo preso y a punto de ser fusilado, y mi propio procesamiento como autor de un reportaje sobre el consejo de guerra y ejecución de una serie de republicanos en Tui, tras ser ocupada por las tropas y los elementos alzados contra la República y sometidos a un consejo de guerra por “rebelión”.
En el libro del librero vigués Antón Patiño “Memoria de ferro”, se alude al caso de mi abuelo, el ferroviario Francisco Fernández Alcántara, quien con otro compañero llevaban la máquina del último convoy que circuló entre A Coruña y Monforte de Lemos tras el “alzamiento” del 18 de julio. Al pasar por Lugo subieron con el fin de escapar los miembros de las milicias que habían intentado oponerse a la rebelión de la guarnición militar. Al llegar a Monforte, mi abuelo y su compañero maquinista fueron detenidos por “auxilio a la rebelión” y encarcelados sin apertura de causa propiamente, pero expuestos a ser fusilados en cualquier momento. Mi abuelo, que era de UGT y militar de ferrocarriles perdió esta condición y pasó largo tiempo en la cárcel.
En mi caso, fui procesado por la publicación en “Hoja del Lunes” de Vigo y en la revista “Sábado Gráfico” de un reportaje sobre la represión llevada a cabo en Tui, la última ciudad de Galicia que cayó en mano de los franquistas y que se saldó con el fusilamiento de conocidas y moderadas personalidades republicanas, médicos, funcionarios, empresarios y otras personas, entre ellos varios carabineros leales. Tuve acceso entonces no accesible -y creo que ahora tampoco- sumario militar del Consejo de Guerra, donde se acusaba a los condenados a cosas tan pintorescas e inciertas como que habían maltratado al obispo de la diócesis (como miente Arrarás en su “Historia de la Cruzada”)
Fui Juzgado y absuelto por la Audiencia Provincial de Pontevedra, presidida por el padre de Mariano Rajoy que sólo apreció en mi escrito “animus historiandi”. En mi favor hubo testimonios impresionantes, como el de la maestra republicana Josefina García Segret, igualmente condenada a muerte, pero que salvó la vida fingiéndose embarazada, gracias al doctor Darío Álvarez Blázquez, que era el hijo de uno de los fusilados. Entre los testimonios más conmovedores destaca el de un grupo de maestros depurados, por la comisión presidida por Pemán, a quienes como parte de su reeducación se les hacía asistir a los fusilamientos. Uno de ellos me contó dos anécdotas emotivas: el hecho de que, en el momento de ser fusilados juntos un padre y un hijo, éste se abrazó a su padre, intentando protegerlo
Desde esta perspectiva, tengo un criterio crítico sobre la llamada “Ley de la Memoria Histórica”, como ha escrito Stanley Payne y otros destacados historiadores e hispanistas. La “Transición” marcó la voluntad de recuperar la convivencia civil en todos los sentidos, superando los odios larvados durante los 40 años de franquismo, como herencia de la guerra civil. Pero es cierto que quedaron pendientes cuestiones relevantes, como la recuperación y dignificación de los represaliados que yacían en las cunetas o en las fosas comunes de los cementerios. Sólo antes de la guerra civil, fueron muertas entre asesinatos y enfrentamientos de pistoleros de los dos bandos 2.500 personas. Si nos horroriza el terror de las chekas, ¿qué decir de los “paseos” del otro bando que llevaban a cabo falangistas? Según Palacios y Stanley G. Payne, las estimaciones en el bando republicano se cometieron 56.000 asesinatos, cifra que casi se dobla en el bando de Franco, al sumarse las ejecuciones judiciales, derivadas de los consejos de guerra que se prolongaron durante muchos años tras la guerra civil. Pero ya no es una cuestión de cifras, “matar es”, como dijo Azaña.
El nuevo giro de la “Ley de la Memoria Democrática” incluirá la prohibición de entidades como la Fundación Francisco Franco o todas aquellas que hagan apología del franquismo. Parece complicado meter en el mismo saco la nulidad de todas las condenas y sanciones producidas “por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil o la dictadura”. ¿Serán exonerados criminales comunes como el gallego García Atadell dirigente de la célebre “cheka” de su nombre en Madrid, que dejó un reguero de sangre y robos? Es de esperar que la Ley sea precisa para que, a su amparo, se cometan agravios o errores que santifiquen determinadas conductas en modo alguno justificables. La ley declarará expresamente ilegítimos el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra en los supuestos “constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa”. Los consejos de guerra se aplicaron también a delitos comunes cometidos a mano armada. ¿Qué va a pasar con ellos?
Para no incurrir en los mismos errores que se está cometiendo con respecto a ETA o la historia de Cataluña, en el País Vasco o esta comunidad, conviene que si se van a elaborar nuevos contenidos educativos en los colegios para que “todos conozcan la memoria y que no vuelva a ocurrir”, quienes los elaboren posean la perspectiva y conocimientos adecuados al fin propuesto.
