Opinión

Se necesitan nuevas soluciones

Durante la última crisis, la sociedad civil reclamó insistentemente de las administraciones públicas un ejercicio de autoanálisis sobre la necesidad de reducir sus gastos de estructura. 

Nunca se llegó a hacer.

En aquella crisis, empresas y familias tuvieron que hacer un terrible esfuerzo de ajuste en un momento en el que, al igual que las entidades financieras, tenían elevadas deudas. 

Hoy la situación es drásticamente distinta. Los niveles de endeudamiento del sistema financiero, empresas y familias son reducidos. Pero no sucede lo mismo con las administraciones públicas que, con una elevada deuda, han seguido sin hacer los ajustes necesarios para mejorar su capacidad e independencia que les permitan tomar medidas efectivas. 

Esta situación genera un reducido margen de maniobra fiscal que provoca que las ayudas que recibe la sociedad para mitigar los efectos de la crisis sanitaria sean laxas y basadas en sistemas de financiación con coberturas parciales, que deterioran los balances de las compañías y dificultan, por tanto, una recuperación que preserve el sistema productivo actual y aliente una rápida absorción del desempleo, que necesariamente se incrementará con el obligado parón preventivo y el alargamiento de la recuperación de los niveles de actividad. Se alimenta así un círculo pernicioso de ralentización de la actividad y creación de pobreza.

Es cierto que la reacción del estado y de Europa, en comparación con la de la pasada crisis financiera, ha sido mucho más rápida y contundente que las medidas de entonces. Pero las dificultades que presentan algunos estados, por sus niveles de deuda, para la toma de medidas con las que superar esta crisis hacen necesario recurrir a Europa con el fin de poner en marcha mecanismos, basados hasta ahora simplemente en el abaratamiento de la financiación y en la implementación de facilidades crediticias que no parecen excesivamente efectivas. Siguen las negociaciones para tratar de buscar otros sistemas que permitan a los estados obtener los recursos necesarios con los que apuntalar sus sistemas productivos, pero por las tradicionales diferencias de criterio norte-sur parece que éstas no serán más que en formato de líneas de financiación, y esto podría generar una salida asimétrica de los distintos países de una crisis común por motivos exógenos a todos ellos, en un momento en el que los datos macroeconómicos son similares y dentro de los parámetros exigidos a todos los países de la Unión, creando situaciones todavía más divergentes. Esto podría ser interpretado como una falta de solidaridad que pondría en cuestión el futuro y la utilidad de la Unión Europea. 

Sea cual fuere el origen de los fondos para la financiación del estado, lo que tenemos que replantearnos es cómo utilizarlos. Está claro que mantener estructuras sobredimensionadas y excesivamente burocratizadas no es precisamente, como ya tantas veces se denunció en tiempo pasados, la mejor de las decisiones, teniendo en cuenta además la pretensión de poner en marcha políticas populistas, con la amenaza de financiarlas con mayor presión impositiva y además generando dudas sobre la titularidad del patrimonio de aquellos capaces de generar la actividad necesaria para recuperar la normalidad plena de nuestro estado de bienestar. 
A pesar de las insistentes solicitudes desde distintos foros de “inundar” de liquidez a las empresas, hacerlo por la vía de la financiación tampoco parece una receta adecuada. No podemos olvidar que los préstamos debemos reintegrarlos y la capacidad para hacerlo no es ilimitada.

Aunque claramente el medio para salir más rápido de la crisis económica que se avecina es la recuperación de la normalidad en el tejido productivo y el fortalecimiento de éste, debemos tener presente que es necesario cuidar y proteger a las personas, y para ello se han habilitado distintas medidas. Todo apunta a que una de ellas será la renta mínima destinada a paliar situaciones de extrema pobreza y exclusión social. En la utilización de este subsidio debe haber matices que preserven el correcto funcionamiento del sistema de empleo, que no generen una inflación en los costes laborales y que permita disponer de la mano de obra adecuada en los momentos de necesidad.

En cualquier caso vuelvo a insistir en que es la actividad económica, el correcto funcionamiento de nuestras empresas y la ampliación de nuestro sistema productivo lo que realmente nos “curará” de esta crisis y nos “vacunará” para lo que pueda depararnos el futuro. Para ello, ante unos recursos escasos, parece que lo que se necesitan son mecanismos que permitan a todo el tejido empresarial reducir y flexibilizar sus costes, así como ayudas que no les generen obligaciones futuras inasumibles, que puedan significar el cierre de su actividad. Imagino que muchas de esas rentas y ayudas que reciben o recibirán personas reinsertables laboralmente se pueden canalizar mediante las empresas. Sirvan como ejemplo políticas activas de empleo que fomenten la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo generando confianza y un clima positivo que ayude a recuperar la demanda interna y el mantenimiento de la actividad empresarial. 

Son muchos los que hablan de redistribuir la riqueza como uno de sus principales objetivos pero no parece que en un momento como éste sea la intervención del estado, por la vía de la presión fiscal, el mecanismo más adecuado para hacerlo. En un sistema económico como el nuestro es el tejido empresarial el que se encarga de crear y repartir riqueza. Lo que ahora se necesita es facilitar las herramientas que fomenten la actividad y el mantenimiento del empleo y generen la confianza necesaria en la sociedad para recuperar nuestro estado de bienestar.

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