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“Un país donde cada vez se descubre más fraude, ¿va bien o va mal? va mal”

A.m. VIGO [email protected] | 22 de abril de 2018

Javier Gómez Taboada el socio del despacho Maio
Javier Gómez Taboada el socio del despacho Maio

El pasado jueves, en la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), tuvo lugar una jornada bajo el inquietante título de “El contribuyente: ¿ciudadano o súbdito?”, a cargo del abogado tributarista Javier Gómez Taboada (Pontevedra, 1967), socio de Maio y autor de los “Soliloquios tributarios” que se publican en Atlántico. 

 

El título de su ponencia, ¿ciudadano o súbdito?, es preocupante ¿tan mal están las cosas?
Pues sí. Los profesionales del asesoramiento tributario hace ya lustros que, entre nosotros, venimos denunciando muchos síntomas que evidencian lo insostenible de la situación. Esa queja, del todo fundada, de poco sirve si no se hace extensiva al conjunto de la sociedad.

Pónganos un ejemplo que nos haga ver esa gravedad.
Se lo pongo; en el bien entendido de que se trata de un ejemplo, no de una anécdota (es decir, que no es la excepción que confirme la regla): aunque usted le gane un pleito a la Administración Tributaria, a ésta, nunca al contribuyente, se le da una segunda oportunidad para que pueda volver a exigirle el pago de ese mismo impuesto. Y, ¿sabe lo mejor? Que en ese segundo intento usted deberá aún más, pues la AT le reclamará intereses de demora devengados durante el pleito que ¡usted ganó! Es decir, que incluso cuando gana, ¡el contribuyente pierde! ¿Es esto propio de un país que dice ser un Estado de Derecho?

Bueno, disculpe mi escepticismo, pero, al final, los jueces siempre podrán poner coto a esos “excesos” en los que la Administración Tributaria incurra, ¿no?
¡No! Ésa es, precisamente, la “coartada” de la AT: siempre se podrá acudir a los jueces; sin embargo, hay varios “peros”: ese “siempre” no es inmediato, habitualmente pasan meses, cuando no años, hasta que se puede llegar a un juez; mientras tanto, pueden generarse daños irreparables; los procesos judiciales no son baratos y, además, está el riesgo de la condena en costas; muchos “desvaríos” se basan en normas que ni los jueces pueden cuestionar; y finalmente el sistema está pensado para que los “errores” se paguen con “pólvora del rey”, es decir, somos todos, incluido el propio contribuyente agraviado, los que sufragamos con nuestros impuestos las costosas indemnizaciones que esos “excesos” administrativos generan.  La responsabilidad personal no existe; y éste no es un tema menor en un país donde, de media, la AT pierde en torno al 50% de sus pleitos.

Pero, convendrá conmigo en que la Administración Tributaria está obligada a combatir el fraude, ¿no?
Evidentemente que sí; pero el fin no justifica los medios. Discúlpeme si le hago un símil algo burdo: la inmensa mayoría de la sociedad española quería que se acabara con ETA. La pregunta es ¿a cualquier precio? ¿Vale la tortura? ¿Valen los grupos “descontrolados” actuando al margen de la ley? ¡No! Es más, esas prácticas avivarían el terrorismo. En el ámbito tributario, salvando las obvias distancias, estamos en la misma tesitura: ¿atajar el fraude? Sí, pero con pleno respeto al derecho y, por tanto, sin dejar cadáveres, en sentido figurado, claro, en el camino. Lo contrario es pan para hoy y hambre para mañana: crea una gran desafección y socava el ya de por sí escaso civismo que tenemos.

La Agencia Tributaria, año a año, divulga datos llamativamente exitosos de su lucha contra el fraude.
¿Exitosos? Niego la mayor. En 2017, como excepción, los datos “antifraude” bajaron, y en el Ministerio andan buscando explicaciones para disculpar lo que allí mismo aprecian como un fracaso. Pero, vamos a ver: un país donde cada vez se descubre más fraude, ¿va bien o va mal? Va mal. Yo no concibo al ministro de Finanzas sueco o neozelandés sacando pecho, cada año, de unos datos antifraude crecientes. Es de locos.

Aparte de ponente en múltiples foros, colabora en diversos medios (blog incluido), siempre en un tono muy crítico ¿Qué efecto pretende?
Me doy por contento si logro transmitir la idea de que en un país normal el contribuyente tendría derecho a interactuar con la AT en un plano menos desigual. Fíjese en lo que supone, por ejemplo, que ya por ley todo lo que hace la AT se presuma legal, veraz y, por tanto, válido, cuando la realidad, como antes le indicaba, es que la AT pierde la mitad de sus pleitos. El contribuyente, ya desde el minuto 0 tiene que luchar en unas condiciones de grave inferioridad contra ese Goliat, dedicando enormes esfuerzos a desmontar esa presunción de validez. Eso, en gran parte de Europa, no es así. Por eso debemos cuestionarnos la relación que mantenemos con la AT.

 ¿Es optimista?
Las cosas sólo cambiarán, de verdad, si la sociedad reacciona. Nadie va a hacerlo por ella; es más: la inercia del “sistema” es a peor. Yo, al menos, tendré la conciencia tranquila, y podré dormir por las noches. Además, como bien decía Burke, “el mayor error lo comete quien no hace nada, porque piensa que solo podría hacer muy poco”. 

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