El segundo día de paro, el primero después de la intervención por parte del Ejecutivo del socialista António Costa por "incumplimiento" de los servicios mínimos, transcurre sin incidentes destacables en el país.
Las gasolineras de la sureña región del Algarve, las más afectadas durante este lunes, empiezan a recuperarse con el suministro de militares, y se han reducido las filas para repostar, aunque en ciudades como Faro y Beja se advierte de que aún llevará unas horas normalizar gran parte del servicio.
Según datos actualizados, unos 461 puestos de repostaje están secos (el 15 % de toda la red nacional) principalmente en el sur y el litoral del país, con mayor demanda por ser periodo vacacional.
Mientras, el 16,8 % de la red tiene falta de "algún combustible" y el 67,6 % no presenta ningún problema.
Ante la aparente normalidad, apenas trastocada por las restricciones de repostaje para los ciudadanos, que solo pueden llenar el depósito con 15 litros cada vez por el estado de crisis energética que rige en el país, el debate se ha trasladado hoy al plano político, plagado de críticas al Gobierno por la intervención.
La decisión, tomada en un Consejo de Ministros celebrado este lunes, se aplica a través de la "requisición civil", un instrumento extremo que obliga a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para garantizar los suministros básicos.
Si los trabajadores no acatan este llamado, pueden incluso afrontar penas de cárcel.
"Decretar la requisición civil a petición de las entidades empleadoras (la patronal) es un error y una limitación del derecho a huelga", ha dicho hoy la coordinadora general del Bloco de Esquerda, Catarina Martins.
El Gobierno, ha agregado, debe "exigir que todas las partes se sienten en negociaciones sin precondiciones", y no acudir a un recurso tan duro apenas diez horas después de que se iniciase el paro.
El Bloco, socio parlamentario del Ejecutivo de Costa en el Parlamento, no es el único miembro de la célebre "geringonça" que ha cuestionado al gabinete.
El Partido Comunista Portugués también ha lamentado en un comunicado remitido en las últimas horas la intervención, que a su juicio conduce, junto a los elevados servicios mínimos impuestos por el Gobierno (de entre el 50 y el 100 %), a "introducir limitaciones al derecho a huelga".
Esta requisición civil es la tercera que el gabinete de Costa decreta en la legislatura, que concluirá con las elecciones legislativas del próximo octubre.
Las otras dos ocasiones en que fue aplicada fue el pasado abril, con otra huelga de los transportistas, y en febrero, tras una semana de huelga de enfermeros en la que, apuntó entonces el Ejecutivo, no se cumplieron los servicios mínimos.
