Opinión

Los manteros y las falsificaciones

La venta de productos falsificados, a cargo de inmigrantes ilegales, que ocupan amplios espacios urbanos en nuestras ciudades, cada vez con la proliferación de episodios más violentos, es apenas un aspecto del mismo problema. Antiguos manteros ya forman parte de la propia distribución al por mayor de productos de este tipo en España. Podemos quiere legalizar la gente de productos falsificados, lo que es imposible porque España tiene que cumplir los convenios internacionales. Según datos del Ministerio del Interior, al año se incautan en España del orden de los 10 millones de objetos falsificados, valorados en unos 700 millones de euros, pero se reconoce que apenas representa una mínima parte del negocio de la falsificación industrial.
Las falsificaciones son un delito contra la propiedad industrial e intelectual. Según datos de la Cámara de Comercio de Madrid y la Asociación Nacional de Defensa de la Marca (Andema), uno de cada seis consumidores españoles admite comprar falsificaciones a pesar de conocer que lo que adquieren no es auténtico. Además, la crisis hace aún más atractivo consumir productos falsificados cuyo precio es hasta diez veces menor que el original. En otros países, como Francia, se multa a los compradores. 
España, como miembro de todas las organizaciones, convenios y entidades que persiguen la piratería está obligada a perseguir estos negocios ilegales, lo que obligó en su día a cerrar el tradicional mercado vigués de “La Piedra”, tradicional y tolerado mercado de diversas labores y géneros de contrabando, señalado hasta en los Estados Unidos como uno de los focos mundiales del fraude comercial. Pero apenas unos metros, los manteros senegaleses vendían los mismos productos sin ser molestados.
China envía a diario contenedores de estos productos que ya cuentan con su propia red distribuidora, con intermediarios diversos.  En el gigante oriental se producen industrialmente falsificaciones y réplicas de todo tipo de productos que los manteros senegales y otros colectivos venden en nuestras calles. Esto provoca una competencia que acaba con muchos pequeños negocios y tiendas legales, por lo general de autónomos, que pagan impuestos, la seguridad social, el impuesto de radicación y las tasas municipales. No se trata de reprimir la venta ambulante legal, que no tiene nada que ver con la actividad ilícita de la distribución de falsificaciones. Las normas sobre marcas y comercio internacional obligan a España a perseguir esta actividad.

Falsificaciones peligrosas
Hay falsificaciones especialmente peligrosas, como la de juguetes. El Instituto Galego de Consumo tiene un museo de los horrores, de objetos retirados de los bazares orientales. Los plásticos quebradizos de algunas piezas se convierten en armas mortales, y las pinturas y recubrimientos contienen puro veneno que, dada la tendencia de los bebés de llevar todo a la boca, pueden producirles la muerte. Además, los productos chinos siguen sin cumplir los estándares de calidad que exige la Unión Europea y el conjunto de normas de protección de los consumidores.
 Según datos de la de la Asociación Mundial de Consumidores (WCO), el mercado de las copias, sólo de la moda y sus complementos mueve unos 600.000 millones de euros al año. Si bien, la gran factoría que mueve ese mercado está esencialmente en China, se localiza también en otros lugares del mundo, pero a más reducida escala, como Portugal o la misma España. A veces, la mercancía ilegal es enviadas bajo falsos manifiestos a grandes puertos de Europa y distribuida posteriormente a los mercados elegidos. Es decir, pueden hacer escala en Francia, Reino Unido u Holanda. Algunos manteros establecidos en España han ido ascendiendo en la escala del negocio y constituyen eslabones distribuidores que proporcionan la mercancía a los escalones inferiores. Del total de productos aprehendidos, siete de cada diez están protegidos por propiedad industrial —juguetes, electrónica, textil, calzado, complementos, cosméticos o relojes— mientras que los otros tres, a la propiedad intelectual: cds, dvds, o material reprográfico.
 

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