La titular del juzgado de Tui ordena realizar nuevas pruebas de ADN 17 años después de la desaparición y fallecimiento de la joven viguesa y tras nueve años del sobreseimiento de la causa. Ampliar el análisis de los restos hallados en el cuerpo será crucial para reforzar la tesis de que se manipuló el escenario de aparición del cadáver.
Nueve años después del sobreseimiento de la causa y 17 desde que ocurrieron los hechos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui ha dictado la reapertura de diligencias de investigación sobre la desaparición y muerte de la joven viguesa Déborah Fernández.
La familia de la víctima comenzó hace dos años a investigar por su cuenta iniciando una intensa campaña para recabar cualquier dato, pista, detalle o información sobre el caso y su llamada obtuvo resultados. Llegaron nuevos indicios, entre ellos el testimonio de dos personas que sitúan a Déborah el mismo día de su desaparición lejos de la curva de Alcabre, el lugar donde se la había visto por última vez, así como otros restos biológicos.
Estos hallazgos fueron puestos en conocimiento de la unidad de homicidios y desapariciones de la Udev central en Madrid, que decidió reactivar el caso, todo con un objetivo: conseguir la reapertura judicial. Tras la presentación de varios atestados policiales ante el juzgado y las reiteradas actuaciones de la familia, personada en la causa, finalmente, el pasado 7 de noviembre, se dictaba un auto de reapertura de diligencias. La titular de Instrucción 2 de Tui solicita nuevas pruebas de ADN, en concreto una ampliación del análisis a los restos hallados en el cuerpo de la joven y que en todos estos años no han podido identificarse.
El pasado 25 de noviembre, la jueza dictaba un auto más para resolver la petición de determinadas pruebas solicitadas por la representación de la familia y también por la Fiscalía. En esta última decisión denegaba algunas de esas pruebas pero aceptaba la declaración de siete personas en calidad de testigo, coincidiendo con la propuesta del fiscal.
Aunque no ha trascendido la identidad de los dichos testigos, se sabe que al menos seis estaban entre los cerca de treinta que pedía la familia, y que tres de ellos no llegaron a ser interrogados nunca por la Policía.
En la lista de testigos tampoco estarían los padres y hermanos de Déborah Fernández, pero sí personas del entorno de la joven que podrían aclarar las conclusiones de los atestados presentados por la Policía desde marzo pasado. Las diligencias están en marcha con las citaciones fijadas para el próximo 9 de diciembre, durante toda la mañana.
Será la primera vez en 17 años, que se tomarán declaraciones por esta causa por vía judicial, un paso que podría ser vital en el largo recorrido para aclarar uno de los sucesos trágicos más misteriosos de la crónica negra de Vigo.
Desde marzo pasado, el equipo especializado de Madrid, perteneciente a la unidad que se hizo cargo de la investigación desde el principio, ha interrogado a decenas de personas y se ha trasladado a la ciudad en varias ocasiones para recabar nuevos datos que aportar al juzgado, después de obtener la información facilitada por la familia que lucha por hacer justicia ante de que prescriba.
La familia de la víctima comenzó hace dos años a investigar por su cuenta iniciando una intensa campaña para recabar cualquier dato, pista, detalle o información sobre el caso y su llamada obtuvo resultados. Llegaron nuevos indicios, entre ellos el testimonio de dos personas que sitúan a Déborah el mismo día de su desaparición lejos de la curva de Alcabre, el lugar donde se la había visto por última vez, así como otros restos biológicos.
Estos hallazgos fueron puestos en conocimiento de la unidad de homicidios y desapariciones de la Udev central en Madrid, que decidió reactivar el caso, todo con un objetivo: conseguir la reapertura judicial. Tras la presentación de varios atestados policiales ante el juzgado y las reiteradas actuaciones de la familia, personada en la causa, finalmente, el pasado 7 de noviembre, se dictaba un auto de reapertura de diligencias. La titular de Instrucción 2 de Tui solicita nuevas pruebas de ADN, en concreto una ampliación del análisis a los restos hallados en el cuerpo de la joven y que en todos estos años no han podido identificarse.
El pasado 25 de noviembre, la jueza dictaba un auto más para resolver la petición de determinadas pruebas solicitadas por la representación de la familia y también por la Fiscalía. En esta última decisión denegaba algunas de esas pruebas pero aceptaba la declaración de siete personas en calidad de testigo, coincidiendo con la propuesta del fiscal.
Aunque no ha trascendido la identidad de los dichos testigos, se sabe que al menos seis estaban entre los cerca de treinta que pedía la familia, y que tres de ellos no llegaron a ser interrogados nunca por la Policía.
En la lista de testigos tampoco estarían los padres y hermanos de Déborah Fernández, pero sí personas del entorno de la joven que podrían aclarar las conclusiones de los atestados presentados por la Policía desde marzo pasado. Las diligencias están en marcha con las citaciones fijadas para el próximo 9 de diciembre, durante toda la mañana.
Será la primera vez en 17 años, que se tomarán declaraciones por esta causa por vía judicial, un paso que podría ser vital en el largo recorrido para aclarar uno de los sucesos trágicos más misteriosos de la crónica negra de Vigo.
Desde marzo pasado, el equipo especializado de Madrid, perteneciente a la unidad que se hizo cargo de la investigación desde el principio, ha interrogado a decenas de personas y se ha trasladado a la ciudad en varias ocasiones para recabar nuevos datos que aportar al juzgado, después de obtener la información facilitada por la familia que lucha por hacer justicia ante de que prescriba.
