Dos de los miembros del tribunal discrepan de la confirmación al entender que sí hubo violación
n n n La confirmación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de la sentencia que condena a los miembros de la Manada por abuso sexual y no por violación a nueve años de cárcel, como pedían las acusaciones, ha vuelto a generar, al igual que sucedió en abril, un rechazo mayoritario por parte de la clase política y la sociedad.
El hecho de que el TSJN, pese al voto discrepante de dos de sus cinco miembros que sí estimaban que hubo un delito continuado de agresión sexual, haya confirmado la pena de nueve años de prisión para los cinco sevillanos ha llevado tanto a instituciones como a partidos a expresar su malestar con la resolución, que, no obstante y a diferencia de la primera, aprecia un delito contra la intimidad que podría incrementar las penas en 2 años y 10 meses.
En este contexto de rechazo social "asumido" por los jueces, según reconoció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, uno de los dos magistrados discrepantes, ha pedido "respeto" para la resolución judicial, "guste o no guste".
El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, personados como acusaciones populares, han anunciado que van a recurrir el fallo al considerar que no fue un caso de abuso sexual sino de agresión sexual, al tiempo que han lanzado mensajes contrarios a la violencia sexual y de apoyo a la víctima.
rechazo absoluto
Para el Gobierno central, la división de criterios jurídicos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en la confirmación de la sentencia de la Manada puede generar desconfianza en la ciudadanía, en palabras de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Pilar Llop.
A esta sentencia se han referido también miembros el Ejecutivo de Pedro Sánchez como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien dijo que "como mujeres, evidentemente, no nos hemos sentido representadas, por no utilizar un adjetivo más fuerte", y ha insistido en que el Gobierno siempre ha defendido que se trató de una violación. Igualmente se ha referido a este caso el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien ha reiterado la necesidad de "definir claramente" la diferencia entre agresión y abuso.
Dirigentes políticos de ámbito nacional no han permanecido al margen del fallo y así el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha opinado que es una "vergüenza que demuestra que el machismo está instalado en los tribunales". El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha subrayado que le parece una "vergüenza" y una "auténtica barbaridad" que "se condene a penas de 25 años a la gente por votar y no por violar", comparando así la sentencia sobre la Manada y las peticiones de penas para los líderes independentistas.n
