El titular del juzgado Mercantil de Vigo ha dictado auto rescindiendo los contratos de trabajo en Vulcano, en otro paso dentro del proceso de liquidación puesto en marcha. La resolución judicial supone poner punto final a la plantilla, conformada por los 69 trabajadores del astillero vigués, cerrado tras la entrega del último barco construido.
La plantilla pasa, así, a desvincularse laboralmente del centenario astillero por el que ningún inversor ha mostrado interés para reflotar la actividad naval. El proceso sigue adelante y ahora se abre el trámite final en el que se espera por la llegada de alguna oferta por las instalaciones. Si es un astillero, mantendrá la concesión portuaria hasta 2027. Si en cambio se trata de otra actividad, entonces la Autoridad Portuaria (APV) podrá ejercer su derecho de tanteo y quedarse con las instalaciones. Los sindicatos lamentan que pudieran aparecer ofertas ahora que ya no hay plantilla.
Como ya informó este diario, la APV remitió un escrito al Juzgado Mercantil 3 de Vigo, donde se tramita la liquidación de Vulcano, haciendo oficial el interés de la institución por la adquisición de los terrenos e instalaciones del astillero, debido a que la comunidad portuaria necesita espacio para otras actividades y a que no hay ofertas de otras empresas del sector. El Puerto prevé destinar la zona a contenedores e industrias. Señala la APV que el juzgado dictó la apertura de la fase de liquidación de Vulcano, con una concesión de dominio portuario hasta el 15 de diciembre de 2027. Advierte el Puerto vigués que con el nuevo texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, Vulcano no tiene posibilidad de prórroga. "Ante la no existencia de empresas dedicadas al sector de la construcción y reparación naval interesadas en la compra del astillero, la Autoridad Portuaria sí que muestra interés por la adquisición de las instalaciones, tanto las concesionadas como las que están en propiedad" y añade que "es mucha la demanda de superficie en la comunidad portuaria, tanto cubierta como descubierta".
Por su parte, la diputada del PP y concejala viguesa Teresa Egerique aseguró ayer en el Parlamento que “el compromiso de la Xunta con el sector naval es indiscutible y que en Vulcano la prioridad es velar tanto por la continuidad de la actividad industrial como por los derechos de los trabajadores”. No obstante, manifestó que la Xunta no da falsas esperanzas, "porque tenemos que ser realistas y afrontar este problema desde la situación real de que la deuda condiciona la llegada de un nuevo inversor. Seguiremos defendiendo la actividad naval en las instalaciones”, añadió.n
